Aumenta el número de farmacias extremeñas en riesgo de desaparecer y ya suman 32

Es una de las 32 a las que en Extremadura se denomina con esas siglas porque sobreviven con dificultades económicas, una situación que se ha agravado en el último año, según los datos de los colegios farmacéuticos de Cáceres y Badajoz.

«La despoblación es cada vez mayor y eso lo notamos directamente las farmacias rurales. Sin embargo, los habitantes aumentan en las ciudades y en Extremadura no hay un concurso de farmacia desde hace 23 años, es decir, que no tenemos posibilidad de acceder a una más grande», lamenta María del Mar, que lleva 15 años al frente de la botica de Robledillo de la Vera.

La peor situación la presenta el territorio cacereño. De hecho, 30 de ellas se encuentran en esa provincia, que está entre las diez de España con más problemas para que sus farmacias lleguen a fin de mes.

Tanto es así, que los titulares de algunas de ellas ya se están organizando con reuniones y un grupo de mensajería instantánea para visibilizar el problema al que se enfrentan. El último encuentro lo mantuvieron hace escasos días con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Juan José Hernández, que indica que la mayoría de estas boticas están en pueblos de menos de 500 habitantes.

«En esas farmacias existe preocupación porque hay un riesgo directo de que desaparezcan», reconoce Hernández, que alude a la labor que realizan. «El servicio que proporcionan a la población es el mismo que ofrece una farmacia viable. Todas tienen asegurado el suministro de medicamentos, incluso dos veces al día», indica.

Además, asegura que «hay muchos informes que demuestran que la farmacia rural contribuye al reto demográfico, es decir, los núcleos que disponen de estos establecimientos pierden menos población y se genera más empleo». El presidente del Colegio cacereño especifica que no solo aportan salud, sino también factores económicos».

De hecho, «hay municipios con farmacias en riesgo en los que el boticario es el único sanitario del pueblo», apunta Hernández. Es más, en muchos de ellos no cuentan ni con centro de salud y el médico solo acude tres veces por semana y muy pocas horas. «Al final se convierten en el referente de la población, ya no solo desde el aspecto sanitario, sino también les demandan ayuda para cualquier otro trámite. No dejan de ser profesionales muy formados», afirma.

En ese sentido, hay un protocolo firmado entre el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos y el Gobierno para ayudar a estas boticas. «La idea es que proporcionen servicios y se los remuneren. Hablamos de impartir charlas sobre salud o ayudar en la atención primaria para combatir el desbordamiento que hay, con cribados, detección de determinadas enfermedades, la promoción de la vacunación, etcétera», detalla Hernández.

Su intención es trasladar estas propuestas a la Consejería de Salud. «Estamos pendientes de poder reunirnos con ella», afirma ante una situación que ha empeorado.

Del total de farmacias extremeñas (666), aunque en Badajoz se mantiene el número (dos) de las denominadas VEC, en Cáceres se han sumado seis más en tan solo doce meses. Entre ambas provincias son casi el 5% de las boticas.

Ese incremento se debe sobre todo a que el Gobierno ha cambiado las condiciones para que una farmacia sea considerada VEC. Si antes de 2023 el volumen de ventas anuales no podía superar los 200.000 euros, ahora no tiene que sobrepasar los 235.000.

Además, otras ya han cerrado. «Ha habido años con menos farmacias VEC pero porque han acabado cerrando o compañeros que se han ido a otras comunidades», concluye el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.

Desde 2018 han cerrado cinco farmacias en esta comunidad (Aldehuela del Jerte, Carmonita, Rincón de Ballesteros, Villar de Plasencia y Alcollarín), según detalla la Consejería de Salud. En esas localidades se han puesto en marcha botiquines que ofrecen el servicio, aunque funcionan menos horas que una oficina de farmacia.

Como contrapartida a esta situación, las farmacias reciben la aplicación gradual de un índice corrector a su facturación, con un máximo de 976,16 euros mensuales que asume la Administración regional. «Es muy poco. Por ahí no pasa la solución», lamenta la farmacéutica Miguel Carretero.