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Las ayudas de la Junta de Extremadura al viñedo de secano oscilarán entre 90 euros por hectárea para quienes no sean agricultores a título principal y 110 euros para quienes cumplían esa condición a 31 de diciembre del pasado año. El máximo por explotación será ... de 8.000 euros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes un decreto-ley que regula la concesión de estas ayudas, con las que se pretende paliar a los agricultores por los daños producidos por la sequía.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció el pasado mes de marzo en el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo la concesión de ayudas directas al sector con una dotación de 6 millones de euros, ya que había quedado fuera de las compensaciones aprobadas por el Gobierno central y la Administración regional.
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El Ejecutivo autonómico formaliza esta concesión con la aprobación de este decreto-ley, que entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de Extremadura. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha señalado que a partir de ese momento se abonarán las ayudas de forma directa, sin necesidad de que los agricultores presenten ninguna solicitud, para lo que se recurrirá al registro autonómico. «No tienen que hacer nada, sólo recibir los fondos», ha afirmado.
«El viñedo sufrió la sequía igual que otros sectores», ha apuntado Morán, quien ha recalcado que la producción se redujo un 30% por la falta de agua. La consejera de Agricultura ha recalcado que se trata de la segunda actividad agraria más importante de la región, con un 10% de la superficie y un 20% de la producción final. Suma más de 60.000 hectáreas y genera más de 22.000 puestos de trabajo.
Para Morán, estas cifras evidencian que lo razonable es apoyar a este sector, para lo cual sólo se exigirá que los titulares estén en situación regular en el registro autonómico y cuenten con una superficie mínima de tres hectáreas de viñedo de secano. Con ello se espera llegar a unos 6.000 titulares y la práctica totalidad de las 60.000 hectáreas de la región.
Además de este asunto, el decreto-ley también regula el pago de una ayuda a las Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal (Atesve, antiguamente conocidas como Atrias), a lo que se destinará una dotación de 1,55 millones de euros.
Las Atesve son las agrupaciones de productores agrícolas, constituidas por titulares de explotaciones de la región, que prestan asesoramiento técnico en el ámbito fitosanitario y sobre la implantación y mejora de métodos de gestión integrada de plagas de los vegetales. Morán ha recalcado que realizan por tanto una importante labor de prevención que beneficia a 14.000 explotaciones.
La consejera de Agricultura ha recordado que estas entidades reciben fondos públicos, pero que el pasado año fue necesario reformar las bases de ayudas para adaptarse a un nuevo reglamento y a cambios jurídicos. Por ese motivo, no dio tiempo a tramitar los pagos, de ahí que ahora se haya aprobado una norma para solventar ese retraso.
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