Las tarjetas contra las colas del hambre dividen a las entidades sociales

Diversidad de opiniones entre las personas en situación de vulnerabilidad sobre las tarjetas monedero que comenzarán a funcionar en Extremadura, al igual que en el resto de España, el 1 de mayo de este año. El Gobierno ha encargado a Cruz Roja la puesta en marcha de esta ayuda –para lo que le ha concedido una subvención de algo más de 100 millones de euros– y su gestión en los primeros meses de vigencia de la misma.

Porque a partir del 1 de enero de 2025 serán los Servicios Sociales extremeños, como en las otras comunidades autónomas, los que reciban los fondos del Ministerio, procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para mantener activas las tarjetas monedero.

Este modelo –con el que se pretende evitar la estigmatización de las llamadas colas del hambre– genera dudas en las entidades sociales. La idea es que las personas que reciban las tarjetas paguen con ellas sus compras en los supermercados con los que se firme un convenio de colaboración y no tengan que acudir a los comedores sociales o a los repartos de alimentos que realizan las entidades sociales. También posibilita que las personas elijan productos en función de sus necesidades y gustos.

Las tarjetas sustituyen las entregas de productos a los Bancos de Alimentos con cargo a los fondos europeos FEAD. «Nos llegaban 900.000 euros en alimentos cada año, casi el 40% del total», afirma Cristina Herrera, presidenta de la entidad en Badajoz.

Juan Carlos Fernández, responsable del Banco de Alimentos de Cáceres, entiende que esa modificación es incompleta: «Estoy de acuerdo en que las tarjetas dignifican a las personas, pero el Gobierno se ha quedado corto». Y es que Fernández detecta varios problemas: «Los alimentos que entregábamos se compraban a un precio reducido y ahora se hará la compra al precio que marquen los supermercados; podrán comprar menos de lo que nosotros le dábamos». Y, por otro lado: «Si se firman convenios para que las compras se puedan hacer grandes superficies, qué va a pasar con los beneficiarios de las tarjetas que residan en pueblos pequeños. ¿Van a tener que desplazarse a Cáceres o a Plasencia para comprar?», se pregunta Fernández.

Por el momento, los Servicios Sociales de Extremadura no tienen una previsión de las tarjetas que se concederán en la región. Los requisitos exigidos y la existencia de subsidios y otras ayudas económicas complican ese cálculo. El Gobierno central sí ha estimado que hasta 70.000 familias en toda España podrán beneficiarse de la ayuda.

La tarjeta está restringida a los núcleos familiares que tengan unos ingresos inferiores al 40% de la renta media española –lo que se considera pobreza severa– y en Extremadura hay cerca de 110.000 personas en esa situación, según el informe más actualizado de EAPN (la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) y relativo a 2022. Aunque, como la ayuda solo se concede a las familias con menores a cargo, el número sería más reducido. Y todavía habría que restar a quienes tienen ingresos a través de alguna prestación. «No llega a todas las familias, solo a las que tienen hijos; el resto quedan desprotegidas», considera Fernández.

En definitiva, los Bancos de Alimentos deberán seguir atendiendo a la ciudadanía. «Tendremos que ver cómo hacemos para poder llegar a todas las personas que lo necesitan», detalla Herrera, para añadir que todavía existen muchas dudas sobre la aplicación real del nuevo modelo.

Una de las opciones que tienen los responsables es fijarse en lo que hace Cáritas en Extremadura, que desde el año 2020 desarrolla un programa similar. «Como consecuencia del covid tuvimos un aumento en el número de familias y personas que acudían a los servicios de acogida de las Cáritas parroquiales», afirman desde la entidad.

Actualmente, en la diócesis Coria-Cáceres, son 37 familias la familias que se benefician de las tarjetas, que son de prepago. «Se pueden utilizar en cualquier establecimiento que permita el pago con tarjeta», especifican.

Las tarjetas no tienen identificación de Cáritas y a sus propietarios «les permitirá comprar los productos de primera necesidad de manera normalizada, autónoma y digna», añaden los responsables del programa. «Nuestro modelo es trabajar desde el enfoque de derechos y la dignidad, sin estigmatizar en el acceso a la alimentación», señalan desde Cáritas de Coria-Cáceres, por lo que consideran que esta nueva herramienta es muy adecuada.

La cantidad de dinero asignada a cada tarjeta varía en función de las necesidades de las familias. Algo que también sucede en el programa estatal, en el que la cuantía depende del número de miembros de la unidad familiar: entre los 130 euros para las familias de un adulto y un menor y los 220 euros para las de cinco integrantes o más.