Don Benito es el término municipal extremeño con más viviendas ilegales

El estudio más completo elaborado hasta la fecha sobre las construcciones en suelo protegido llega del ámbito académico, concretamente de la Universidad de Extremadura. El geógrafo Víctor Jiménez Barrado, de 28 años, defendió ayer en el Palacio de la Generala de Cáceres una tesis doctoral en la que, bajo la dirección del catedrático Antonio José Campesino, analiza la proliferación de viviendas ilegales en la región durante el periodo democrático, un fenómeno que el autor considera sin lugar a dudas «el mayor problema de desarrollo territorial que tiene Extremadura», hasta el punto de que está cambiando el modelo urbanístico de la región. Según su investigación, el 97% de las viviendas que se están edificando ahora mismo en suelo no urbanizable son ilegales.

Víctor Jiménez ha empleado más de cinco años en una tesis que supera las 700 páginas y para la que, entre otras cosas, ha 'barrido' la región municipio por municipio para determinar el número de construcciones en suelo no urbanizable que hay en cada uno de ellos. Todos los datos se encuentran con detalle en el trabajo, pero para hacerse una idea general basta decir que el número de construcciones en este tipo de suelo supera las 350.000, de las cuales unas 40.000 son viviendas. De ellas, más del 95% son ilegales. Hay que recordar a este respecto que la normativa actual sí permite construir viviendas en suelo no urbanizable, pero sólo bajo una serie de requisitos que casi nadie cumple.

La cifras abruman porque permiten hacerse una idea de la proliferación sin control de casas ilegales que ha afectado a toda Extremadura, especialmente en las últimas décadas. En el año de referencia que toma como base la tesis, que es 1980, las construcciones en suelo no urbanizable eran menos de la tercera parte de las que hay hoy en día, y además muchas de ellas no se podían consideran ilegales porque estaban ligadas a las labores del campo.

Jiménez explica cómo, especialmente a partir de la Ley del Suelo del gobierno de Aznar en 1998, conocida en el ámbito urbanístico como la ley del 'todo urbanizable', el número de viviendas ilegales se disparó aún más, una situación que continuó tras la entrada en vigor en 2002 de la Ley del Suelo de Extremadura, primera de carácter autonómico. Hoy en día el problema está extendido hasta el punto de que, como desvela el investigador, tan solo hay dos municipios en toda la región sin una sola vivienda en suelo protegido: Higuera de Albalat y Holguera.

En el lado opuesto se sitúa Don Benito, el término municipal extremeño con mayor número de casas en suelo no urbanizable, en concreto 1.730. Las dos capitales de provincia también tienen más de 1.000 cada una, y las comarcas del norte de Cáceres destacan del mismo modo por su elevado número. Es, como apunta Víctor Jiménez, en las zonas con una mayor actividad económica donde más proliferan este tipo de construcciones, aunque el problema es global.

Las consecuencias pueden ser graves. «En Extremadura se está produciendo un cambio de un modelo urbanístico concentrado a uno disperso –advierte Víctor Jiménez–, y si sigue así dentro de 20 años nos vamos a encontrar núcleos urbanos prácticamente vacíos y una población dispersa». Llegar a ese punto generaría problemas de todo tipo que ya se empiezan a vislumbrar en municipios donde el número de viviendas en suelo protegido es elevado. Servicios como el transporte escolar, la recogida de basuras, las redes de saneamiento, las canalizaciones de agua o la construcción de carreteras se pueden ver tremendamente afectados y encarecidos.

El proyecto de la nueva ley autonómica del suelo que en breve va a comenzar su tramitación en la Asamblea de Extremadura establece las condiciones para regularizar núcleos de viviendas construidos en suelo no urbanizable, algo que también hacía la anterior. De hecho, el razonamiento del autor de la tesis es que las normativas que deberían impedir estas edificaciones ya existen desde hace tiempo, de manera que lo que hace falta es «voluntad, y sobre todo valentía política» para hacerlas cumplir.

El control de la legalidad urbanística recae sobre todo en los ayuntamientos, que en los municipios más pequeños carecen muchas veces de capacidad administrativa y técnica para denunciar e iniciar expedientes contra este tipo de construcciones. Está además el componente humano, que hace que muchos alcaldes prefieran no enfrentarse a vecinos, e incluso familiares, que tienen casas ilegales, aunque hay excepciones. Este hacer la vista gorda es probablemente la principal causa de que se haya podido desarrollar con total impunidad una actividad ilegal a la vista de todo el mundo, con la consecuencia de que hoy en día Extremadura está plagada de viviendas clandestinas, una situación que para Jiménez es «insostenible desde todos los puntos de vista».

Por eso la tesis doctoral que se presentó ayer, que también pretende convertirse en una herramienta al servicio de la legalidad urbanística, propone que esa tarea de lucha contra las construcciones ilegales pase a estar centralizada en un solo organismo, como puede ser la Junta de Extremadura. Plantea la creación de lo que Jiménez denomina Cuerpo de Protección Territorial, un organismo suficientemente dotado de medios, personal y autoridad como para empezar a revertir la situación y que, al menos a corto plazo, «pasemos a que el 95% de las viviendas que se construyan en suelo no urbanizable sean legales, no ilegales como pasa ahora».

También serían necesarias medidas como la comarcalización del territorio con límites bien definidos para fines administrativos, ya que de esa manera, por ejemplo, sería más fácil actuar ante núcleos de viviendas clandestinas que ocupan más de un término municipal, como ocurre en la sierra de Santa Bárbara, donde varios centenares de casas ilegales se reparten entre Plasencia y Malpartida de Plasencia.

Otro aspecto que el autor de la tesis considera muy importante es que las directrices regionales de ordenación territorial que se deben aprobar junto con la nueva ley del suelo se concreten de acuerdo a la nueva normativa, y no la anterior, para que puedan resultar efectivas.

La tarea no es fácil y, aun contando con voluntad política, llevaría décadas. Además, el hecho de que las casas ilegales se cuenten en la región por decenas de miles plantea un problema de pura aritmética electoral que Víctor Jiménez no pasa por alto: si esas 40.000 viviendas en suelo no urbanizable se multiplican por votos tanto de los propietarios como de sus allegados más cercanos, el golpe electoral para el gobierno que apueste decididamente por plantar cara al problema puede ser decisivo. Por eso Jiménez cree que este fenómeno sólo se puede afrontar con amplitud de miras y «desde una conciencia social y cívica, no de una manera egoísta».