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Tras contener la crisis sanitaria llega el momento de invertir para impulsar la recuperación. El Gobierno regional prevé destinar el próximo año a obras 564 millones de euros, un 41% más que el presente ejercicio al crecer en 164 millones, gracias a la llegada de fondos europeos y al aumento del endeudamiento.
La vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, registró este martes en la Asamblea el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2022, que recogen una cifra récord de 7.000 millones de euros, 576 millones más que en 2021, lo que supone una subida del 9%. La previsión, según el calendario aprobado este martes, es que se aprueben el 23 de diciembre y estén en vigor el 1 de enero.
Blanco-Morales afirmó que las cuentas «responden a las necesidades de los ciudadanos» gracias al potencial que ofrecen los fondos europeos, que contribuirán a «construir un futuro más próximo mediante la superación de las desigualdades».
La vicepresidenta recalcó la apuesta por la recuperación económica y la atención sanitaria para hacer frente a los efectos del coronavirus, a lo que se suman prioridades como la lucha contra la desigualdad, el reto demográfico, la digitalización, los desafíos ambientales y el fortalecimiento del Estado del bienestar. Todo ello a través de una respuesta social a la situación actual en lugar de regresar a las políticas austeras que se siguieron durante la crisis económica.
El incremento en las cuentas del próximo año se asienta principalmente sobre la llegada de fondos europeos. La Junta destaca que la región contará con 1.600 millones de euros repartidos entre el mecanismo de recuperación (212,3 millones), el programa operativo en vigor 2014-2020 y el nuevo 2021-2027 (769,8 millones, unos 86 millones más que este año) y la PAC (617,9 millones, cifra ligeramente superior a la de este año).
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También supone un gran apoyo el incremento en las transferencias del Estado. Las entregas a cuenta del sistema de financiación llegarán a 3.315 millones de euros, un 7% más que este año, según destaca la Junta. A esto se suma un pago de 81,5 millones de euros por la modificación del IVA que tuvo lugar en 2017 y que redujo la recaudación de ese año.
Asimismo, como se había anunciado, la región recibirá 202 millones para hacer frente a la liquidación negativa del sistema de financiación de 2020. Las entregas a cuenta se abonan en función de previsiones. Las aportaciones de ese año, que se vio afectado por la pandemia de covid, se mantuvieron pese a la caída del consumo por las limitaciones a la actividad. Pero el próximo ejercicio hay que devolver lo que se recibió de más, unos 202 millones. El Gobierno asumirá esa caída, prevista sobre todo en impuestos indirectos, principalmente en el IVA con una reducción de más de 86 millones respecto a este año. Por el contrario, se espera contar con 30,5 millones más por IRPF y 13,9 por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dos figuras asociadas a la recuperación.
Para ello, la Junta espera que se cumplan las previsiones de crecimiento para el próximo ejercicio, que sitúa entre el 6 y el 7,13% del PIB. La incertidumbre que aún mantiene la pandemia lleva a fijar de nuevo distintos escenarios en función de la evolución de la crisis sanitaria. Todo ello cumpliendo la tasa de referencia del déficit, fijada en el 0,6% para 2022, y el periodo legal de pago a proveedores. Estas previsiones no recogen los efectos que tendrán la ley de medidas tributarias y la de reto demográfico, que contienen reformas como la supresión de la mayor parte del impuesto de donaciones y bonificaciones por compra de vivienda en zonas rurales.
Por último, el aumento de los ingresos se sostiene sobre el endeudamiento. La Junta espera ingresar el próximo año casi 1.300 millones por esa vía, 388 más que este año. Eso sí, también crece la amortización de créditos, que llega a 717 millones, 132 más que en 2021. La respuesta de la Unión Europea con una deuda mancomunada permitirá recurrir sin grandes costes a una solución que se considera más necesaria que nunca para hacer frente a la recuperación económica.
En cuanto a los gastos, además del aumento en 164 millones en el capítulo de inversiones, destaca el incremento de las transferencias corrientes en casi 102 millones de euros. También crecen los gastos corrientes, en 89,5 millones, y personal, con 70,3 millones más. Por el contrario, bajan los gastos financieros en 12,6 millones de euros.
Por consejerías, el mayor incremento se da en Transición ecológica, que sube un 70% al contar con casi 65 millones más este año gracias a los fondos europeos. Entre otras inversiones, destaca el impulso a catorce depuradoras en otros tantos municipios y las convocatorias de ayudas vinculadas a renovables.
También resalta Hacienda y Administración pública con un 29,5% más (25,6 millones), Igualdad con un 19,4% de subida (12,6 millones) y Sanidad con el 13,4% (69,2 millones). Asimismo, es significativo el incremento en el Servicio Extremeño de Salud, un 7,1%, con 131,6 millones más que este año, lo que hace que se acerque a un presupuesto de 2.000 millones de euros. Esto permitirá impulsar proyectos como el nuevo hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, al que se destinan más de 16 millones.
Por otro lado, el texto articulado de la ley recoge el aumento del 2% del salario para los empleados públicos, lo que tiene un coste estimado de 49 millones de euros. También se mejora la financiación municipal con la incorporación de nuevos programas de colaboración, que llegan a 94,3 millones de euros. En estos casos, los ayuntamientos no tendrán que concurrir a convocatorias de ayudas, sino que recibirán el dinero directamente.
El Gobierno regional ofreció este martes un nuevo balance sobre los gastos asociados a la pandemia de covid. Según expuso la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, Extremadura ha asumido un coste de 142 millones de euros. La mayor parte, 104 millones, corresponde a contratación extraordinaria de personal. Solo el SES ha realizado 4.500 contratos con un coste de 48 millones de euros. En Educación, entre docentes, no docentes, refuerzo en la concertada y servicios complementarios, se pasa de mil incorporaciones con un gasto de casi 36 millones. Y en Administración general también se pasa de mil, con otros 10 millones. A esto hay que sumar en el SES material sanitario(31 millones) y productos farmacéuticos (4 millones), así como las obras realizadas (3,2 millones), la mejora de servicios (9,5 millones) y la derivación a clínicas privadas (500.000 euros)
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