Qué cambia y qué permanece en la ley de concordia que deroga la memoria histórica

Los dos partidos que formaron el gobierno de coalición en Extremadura hasta julio del pasado año han seguido el modelo de la Comunidad Valenciana, que en 2024 aprobó una ley de concordia de contenido similar, en lugar del proceso seguido por Aragón, que optó por derogar su ley de memoria histórica, lo que llevó al Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite.

La norma sigue el esquema de la ley en vigor, pero modifica su enfoque. El principal cambio es que en lugar de memoria histórica utiliza el concepto de concordia, apelando al espíritu de la transición. La ley de 2018, que entró en vigor un año después, se centraba en la guerra civil y la dictadura, aunque con algunas referencias a la II República. Pero en su articulado se refería principalmente a los represaliados por el franquismo. Sin embargo, el nuevo texto amplía el margen de actuación, empezando en la II República y abarcando hasta la actualidad. Esto permite incluir también a las víctimas del terrorismo, aunque cuentan con una ley específica.

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Este cambio de planteamiento se plasma en la exposición de motivos y en los diferentes capítulos de la ley de PP y Vox. En su primer artículo, la norma de 2019 recoge que tiene por objeto recuperar la memoria histórica de los extremeños que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la Dictadura. Sin embargo, el nuevo texto se centra en «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en Extremadura durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días».

Asimismo, la norma actual establece el derecho a la reparación «jurídica, moral y económica, así como la rehabilitación, satisfacción e indemnización en su caso». La nueva propuesta también plantea el reconocimiento de las víctimas, pero sin que ello pueda dar pie a «reparación o indemnización de índole económica o profesional».

Esta es la segunda clave de la propuesta de ley. Por un lado, amplía su alcance temporal. Pero, por otro, limita el campo de actuación de la Junta de Extremadura, lo que redundará en una reducción del gasto, uno de los postulados de Vox. De hecho, la norma en vigor señala que los gastos derivados de las actuaciones para la investigación, localización, exhumación e identificación de las víctimas serán sufragados por la Administración regional. Algo que no se menciona en el nuevo texto.

Al seguir el esquema de la ley actual, la iniciativa mantiene, en ocasiones con la misma redacción, la regulación sobre la elaboración de un censo de víctimas y sobre las labores de investigación y exhumación de fosas.

Pero hay muchas cuestiones que desaparecen, como el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, pensado para atender «a las víctimas de la represión franquista» o a quienes padecieron la sustracción de menores en Extremadura. También se suprime la referencia al día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura; la identificación de los denominados lugares de memoria histórica y el fomento del movimiento asociativo, al que la ley en vigor reconoce su labor tanto con la posibilidad de acceder a ayudas públicas como con su integración en el denominado Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, un órgano consultivo en la materia.

En su lugar, el nuevo texto reconoce como «entidades vinculadas a la concordia» a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro «constituidas con la finalidad de defender la dignidad de todas las víctimas». Y crea una comisión técnica en la que sólo participarán la Junta y la Universidad de Extremadura.

Asimismo, se eliminan las medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas «de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen y de la represión de la dictadura». También se suprime el régimen sancionador, que permitía multas de hasta 150.000 euros y la posibilidad de retirar ayudas públicas.