La nueva ley de concordia de PP y Vox incluye la Segunda República y a las víctimas de terrorismo en democracia

Los dos partidos se comprometieron a presentar una propuesta conjunta para derogar la ley de memoria histórica de Extremadura, del año 2019, y aprobar en su lugar la denominada ley de concordia, en el marco del pacto para la aprobación de nuevas rebajas fiscales. Este jueves han formalizado ese acuerdo con el registro de ese texto.

La iniciativa presenta un punto de encuentro entre lo que pretendía Vox, que en una propuesta anterior prácticamente limitaba la actividad a la exhumación de fosas, y la posición del PP, que ya se mostró en contra de la ley de 2019 pero que no quería llegar tan lejos. El resultado es una norma que mantiene muchas cuestiones del texto en vigor, pero que también suprime otras debido a un cambio de enfoque.

La ley de memoria histórica se basa en los principios de verdad, dignidad, justicia y reparación para las personas que sufrieron persecución durante la guerra civil y la dictadura. El texto de PP y Vox amplía, sin embargo, el margen de actuación desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las víctimas del terrorismo, aunque el propio texto recuerda que para este colectivo ya existe en la actualidad una regulación específica. «Una ley de Concordia no debe olvidar a las víctimas del terrorismo que los españoles sufrimos durante décadas, incluida la Transición y el periodo democrático que tanto dolor ha causado», lo justifica.

Con ello, la propuesta de ley de concordia plantea amparar a las víctimas «de uno y otro bando», incidiendo en la reconciliación y el espíritu de la transición con el objetivo de «acabar con la división y el resentimiento». En el texto se asegura que «nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo», y presenta la Guerra Civil como el resultado de «dinámicas de enfrentamiento de años anteriores».

Respecto al texto en vigor, la propuesta mantiene las labores de investigación y exhumación de fosas, así como el mapa para su localización, la identificación de desaparecidos y la creación de un censo de víctimas. Sin embargo, la ley actual que se propone derogar también recoge que los gastos derivados de esas actuaciones serán sufragados por la Junta de Extremadura. El nuevo texto no incluye esa obligación.

En la misma línea, PP y Vox proponen atender «a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en Extremadura durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días», aunque eso no implicará el reconocimiento de responsabilidad patrimonial ni dará pie a indemnizaciones «de índole económica o profesional». Asimismo, se suprime la obligación de indemnizar a las personas que sufrieron trabajos forzados.

En cuanto a las asociaciones de memoria histórica, la ley de 2019 reconoce su papel como «titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas del franquismo» y recoge que la Junta deberá promover programas de apoyo y ayudas. También crea un registro específico de estas entidades y les da un lugar en el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática junto con las diputaciones provinciales, la Universidad de Extremadura y la Fempex.

Sin embargo, el nuevo texto menciona como «entidades vinculadas a la concordia» a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que defienden «la dignidad de todas las víctimas». La Junta colaborará con sus actividades en el desarrollo de proyectos de investigación, localización e identificación de víctimas.

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Además, el Consejo de la Memoria Histórica es sustituido por la Comisión Técnica de la Concordia, en la que sólo participarán la Junta y la Universidad de Extremadura. La propuesta de PP y Vox también suprime el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, órgano administrativo que actualmente funciona como un servicio dentro de la Consejería de Cultura.

El nuevo texto elimina igualmente la elaboración de planes cuatrienales de actuación, la celebración del Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, la identificación de los lugares de la memoria histórica y la obligación de retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo. También prescinde del régimen sancionador, que establecía multas de hasta 150.000 euros por la destrucción de fosas y la posibilidad de retirar ayudas públicas.

Por último, la ley en vigor obliga a llevar al ámbito educativo contenidos relacionados con la memoria histórica y democrática, algo que desaparece en el nuevo texto. En su lugar, señala que la Junta priorizará la investigación científica y la difusión del conocimiento en materia de concordia, incluyendo a centros de enseñanza, así como las actividades culturales y académicas que «tengan como objeto el análisis y el conocimiento veraz del periodo referido», sobre el que indica que «nunca ha habido un relato consensuado». En ese sentido, incide en la libertad de expresión y de estudio, «evitando toda intromisión de los poderes públicos en la fijación de una determinada versión de los acontecimientos».