«Sin energía nuclear –plantea el trabajo que María Guardiola llevó a Sara Aagesen–, el sistema dependerá más de las condiciones meteorológicas (eólica y solar). En periodos de baja producción renovable, la falta de energía de base podría provocar apagones o restricciones en el suministro». El cese de la actividad en la planta extremeña «tendrá consecuencias directas en la estabilidad del sistema eléctrico español», plantean los ingenieros. «Al eliminar una fuente de generación estable y continúa –argumentan–, se incrementarán los riesgos de apagones, la volatilidad en la red y la dependencia de importaciones de electricidad, lo que podría afectar a la competitividad del sector industrial».
El estudio del Consejo recoge que «Redeia, operador del sistema eléctrico español, ha advertido en su informe anual 2024 del riesgo que supone la retirada progresiva de la generación firme (nuclear, carbón y ciclo combinado) para la seguridad del suministro y la estabilidad del sistema. A pesar de un aumento del 34% en inversiones y redes y almacenamiento para acelerar la transición energética, la compañía reconoce por primera vez en un documento oficial que la reducción de la capacidad de generación firme podría afectar a la estabilidad del sistema y generar incidentes operacionales».
«El gas es la única alternativa»
La investigación del Consejo General defiende que «la única alternativa viable para sustituir la capacidad de generación nuclear sería el almacenamiento de energía renovable, pero actualmente, estas tecnologías cuentan con una capacidad instalada muy limitada y aún no son una opción madura ni competitiva desde el punto de vista técnico y económico». «Las energías renovables (solar, eólica e hidráulica) son intermitentes y no pueden reemplazar directamente a la generación nuclear», plantea el órgano de representación de los ingenieros industriales, que considera que «las infraestructuras de almacenamiento energético (baterías o bombeo hidráulico) aún no están lo suficientemente desarrolladas técnicamente como para poder compensar esta intermitencia, y su coste económico es incierto, por no ser tecnologías maduras (a diferencias de las de generación actuales) y desconocerse el comportamiento futuro de este tipo de baterías por pérdida de capacidad de almacenamiento con los ciclos».
En este contexto, «la producción nuclear será reemplazada en gran parte por centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural».
«Las energías renovables no son una opción madura ni competitiva para sustituir a la nuclear», asegura el colectivo
Este último, sigue el informe, tiene un precio más variable, entre otros motivos por su dependencia de factores geopolíticos, lo que supondrá «una mayor volatilidad en los costes energéticos». Además, sustituir nuclear por gas implicará contaminar más. ¿Cuánto? También responden los ingenieros: «La cantidad de dióxido de carbono generada por la sustitución de la central nuclear de Almaraz equivale –calculan– a las emisiones anuales de más de ocho millones de coches en circulación, y supondrá un aumento de la huella de carbono casi seis veces superior a la de todo el sector del transporte aéreo en España».
«Decidir sin sesgos políticos»
«No hay impedimentos para que Almaraz siga operando más allá del año 2028, siempre que se realicen las inversiones necesarias en mantenimiento y actualización tecnológica», aseveran los ingenieros.
«En base a los estudios de gestión del envejecimiento de la planta y al Plan integral de evaluación de gestión del envejecimiento, la vida útil puede extenderse al menos hasta los sesenta años, como se ha hecho en otros países, sin que ello suponga un riesgo para su seguridad», asegura el estudio. Dado que la unidad uno lleva 44 años operativa, y 42 años el reactor dos, esto significa que uno y otro están listos para seguir prestando servicio hasta los años 2041 y 2043, respectivamente, siempre según el criterio del Consejo General.
En base a su informe, este colectivo profesional cree que «la decisión de cerrar Almaraz no responde a criterios técnicos ni medioambientales, y pide «una planificación energética transparente y basada en datos, sin sesgos políticos».