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A. B. Hernández
Lunes, 3 de marzo 2025, 07:35
Cuatro meses de cárcel, multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa ... a razón de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas, y pago de una indemnización de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Es la pena que se ha impuesto al hombre que acusó a tres guardias civiles de haberle torturado. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Valencia de Alcántara ha actuado de oficio contra él tras constatar que los hechos que denunció y que llevaron a los guardias civiles al banquillo de los acusados eran falsos.
«Se considera probado que el 29 de mayo de 2024 el acusado, mayor de edad con antecedentes penales no computables por estos hechos, formuló denuncia contra tres miembros de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara», recuerda el juzgado en una sentencia del pasado día 20.
En dicha denuncia, el acusado imputó a los agentes, «a sabiendas de su falsedad, hechos constitutivos de los delitos de lesiones, amenazas, torturas, afirmando recibir una paliza». Esta denuncia puso en marcha un proceso judicial en el que los guardias civiles fueron llamados a declarar en calidad de investigados, pero que tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Cáceres, a la que apeló el denunciante, archivaron.
El hombre contó en la denuncia, que después ratificó, que en la mañana del 23 de mayo de 2024, en el cuartel de Valencia de Alcántara, le sacaron del calabozo para darle el desayuno y a su regreso le metieron en un cuarto. Tres guardias civiles le tiraron al suelo, le echaron unas mantas encima del cuerpo, una de ellas mojada, y empezaron a golpearle con las porras y a darle patadas en la espalda, costillas, piernas y tórax.
Tras las declaraciones y las pruebas, el juzgado decidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones por «la existencia de indicios que acreditan que los hechos no ocurrieron como se denuncian y la no necesidad de nuevas diligencias», y la defensa del detenido decidió recurrir este archivo ante la Audiencia Provincial de Cáceres al considerar que restaban por practicarse más pruebas en la fase de instrucción.
En un auto del pasado octubre este tribunal desestima el recurso de apelación y ratifica el sobreseimiento del juzgado de instrucción, al considerar que la investigación judicial fue suficiente. La Audiencia dice que el resto de pruebas solicitadas por la defensa del denunciante «son inútiles y su única pretensión es agotar la instrucción, manteniendo indebidamente en el tiempo como investigados a quienes no lo son». Con la ratificación del archivo por parte de la Audiencia Provincial, el juzgado de instrucción de Valencia de Alcántara inició una actuación de oficio contra el hombre por presentar una denuncia falsa «que es constitutiva de un delito contra la Administración de Justicia»
El resultado es una sentencia condenatoria por la que se le imponen las penas de prisión y multa y la indemnización de 15.000 euros por responsabilidad civil, 5.000 euros para cada uno de los tres guardias civiles «por los perjuicios morales ocasionados a cada uno de estos servidores públicos», que han sido defendidos por el letrado Vicente Vega.
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