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La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha afirmado que las familias que disponen de ingresos suficientes deben asumir el coste de los comedores escolares y ha defendido el trabajo de su departamento para que puedan ... acceder al servicio en el nuevo curso.
Vaquera ha respondido en el primer pleno en la Asamblea tras las vacaciones a la diputada socialista Piedad Álvarez, quien ha preguntado por qué se ha suprimido la gratuidad de los comedores escolares, recogida en los Presupuestos autonómicos de este año con una bonificación del 100% del precio público.
Las 17.600 solicitudes recibidas superan las cerca de 15.500 plazas disponibles, por lo que más de 2.100 alumnos se quedaban sin el servicio. La Junta ha optado por ofrecerlo, pero deberán pagarlo.
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La consejera de Educación ha afirmado que la gratuidad universal no se ha suprimido, ya que es «una absoluta falacia». Como ha indicado, existe una limitación normativa, ya que la propia instrucción del gobierno en funciones del PSOE sobre los comedores de este curso establece condiciones de acceso al servicio. A esto se suma una limitación de espacio, ya que los comedores no pueden acoger a todos los solicitantes; y una limitación presupuestaria, porque «los recursos son finitos».
Ante el problema generado, Vaquera ha afirmado que su consejería se ha centrado en solucionar problemas, para lo que se ha hablado con la dirección de 27 colegios para estudiar ampliaciones o la implantación de dobles turnos; mientras que en otros casos se ha trasladado mobiliario para habilitar más espacio. También se ha negociado con las empresas de catering, a las que se ha adjudicado el servicio este verano, para que atendieran a las familias que no tenían plaza con el mismo precio recogido en el contrato con la Administración regional (5,69 euros).
«Nosotros creemos en la gratuidad de los comedores, porque hay miles de personas que lo necesitan, y a esas se lo hemos dado», ha señalado Vaquera en referencia a la gratuidad para las familias que cumplen con los criterios de renta establecidos en la instrucción del gobierno anterior. Además, también se ha buscado una solución para las más de 2.100 solicitudes que se han quedado sin plaza para facilitar la conciliación familiar y laboral. Pero en este caso ha añadido que «los que disponen de una renta suficiente para pagarlo, que lo paguen».
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