El Constitucional deja en suspenso el derribo de Isla Valdecañas

Esta suspensión cautelar se justifica en la necesidad, entiende el Pleno, de no pronunciarse mientras haya recursos judiciales pendientes. En la práctica, lo que hace el órgano de garantías es aplazar su pronunciamiento sobre qué debe hacerse en ese complejo residencial y de ocio que protagoniza una causa judicial que ya supera ya la década de recorrido.

"El Pleno -argumenta el propio TC- ha ponderado los distintos intereses que concurrían en el caso y ha apreciado que el derribo de todo lo ya construido y en funcionamiento en el complejo Isla de Valdecañas ocasionaría perjuicios económicos difícilmente reparables por su entidad o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse, tanto para la Junta de Extremadura, como para los intereses de los propietarios de las viviendas e instalaciones y de los ayuntamientos afectados". "En su decisión -sigue-, el Pleno ha considerado que era necesario conceder la suspensión cautelar ya que, en caso contrario, una eventual estimación de los recursos de amparo sería meramente declarativa y tardía. De no concederse la suspensión la demolición de todo lo construido en el complejo ya se habría producido en el momento en el que el Tribunal Constitucional resolviese los tres recursos, con lo que ya no sería posible devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de la ejecución de la sentencia judicial impugnada en los recursos de amparo".

En su nota informativa, el órgano de garantías también precisa que "la decisión del Pleno cuenta con el voto particular de la vicepresidenta del Tribunal Inmaculada Montalbán, las magistradas María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano y Laura Díez, y el magistrado Ramón Sáez". Todos ellos "consideran que la suspensión de la ejecución de la sentencia es prematura porque no hay riesgo inminente, al margen de que no se contempla en la ponderación el interés público de protección del medio ambiente".

Esta resolución del TC es la última novedad de un caso cuya primera sentencia llegó en el año 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró la nulidad del decreto de la Junta por el que se aprobó el proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas. Pero nueve años después, en junio de 2020, reconoció la imposibilidad material de ejecutar la demolición y determinó que sólo había que derribar lo construido a medias. Eso suponía conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones en funcionamiento.

Ecologistas en Acción-CODA interpuso recurso de casación ante el Supremo, que en 2022 falló a su favor y dictaminó que hay que demoler el complejo al completo, tanto lo que quedó a medias como lo que ya está terminado y en uso. La causa volvió entonces al TSJEx, que en marzo del pasado año acordó en un auto dar paso al derribo al completo. Una decisión que fue recurrida por la Junta y las empresas Marina Isla de Valdecañas y Golf Valdecañas, pero el Supremo rechazó sus argumentos. El Ejecutivo autonómico ya ha iniciado los trámites para demoler las construcciones que quedaron a medias, aunque aún será necesario esperar varios meses para iniciar las obras.

Al mismo tiempo, el Gobierno regional, los ayuntamientos y las comunidades de propietarios presentaron recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo del pasado año. En los tres casos se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso con todas las garantías.

El Constitucional admitió a trámite los tres recursos el pasado mes de noviembre, entre otras cuestiones por la relevancia social y económica que tendría la ejecución. Y en marzo la Fiscalía se mostró a favor de llevar a cabo el derribo al completo al no apreciar vulneración de derechos fundamentales. El ponente será Enrique Arnaldo, que fue uno de los magistrados que votó a favor de la admisión de los recursos. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que en su borrador se muestra a favor de conceder la medida cautelar solicitada por los recurrentes, así como que sus compañeros ven razonable frenar la demolición hasta que haya una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto.

La suspensión del derribo no implica ningún juicio de valor sobre el fondo del asunto, sino que se trata de una decisión habitual en los tribunales cuando se ha planteado un recurso sobre un resolución judicial. Y sólo implica que será necesario esperar a la decisión definitiva del Constitucional. Pero supone un motivo de esperanza para quienes esperan que el complejo turístico de Valdecañas siga en pie.

Además de 185 viviendas, habrá que echar abajo un hotel, diez pistas de pádel, cinco de tenis, un campo de fútbol, un recinto hípico, el club social, una marina con 76 amarres, las calles de toda la urbanización, los 1,8 kilómetros de la carretera que va del pueblo al resort, el área de playa artificial, las piscinas...