El Defensor del Pueblo denuncia «fuerza desproporcionada» con menores discapacitados en el Marcelo Nessi

Quienes pasaron revista a la instalación los días 13, 14 y 15 de junio -la anterior se hizo en septiembre del año 2016- fueron técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), un programa que depende del Defensor. Les acompañó una psicóloga externa. «Durante la visita –sitúa la oficina que dirige el exministro Ángel Gabilondo–, se recibieron numerosos testimonios coherentes de menores, sobre contenciones realizadas por el personal de vigilancia, en las que relataban el uso de porras y sujeciones físicas violentas que provocaban lesiones. También manifestaron que hay zonas del centro que no están cubiertas por cámaras de videovigilancia». «Por ello –sigue relatando el organismo público–, se pidieron las grabaciones que el centro tuviera a su disposición. Un miembro del equipo de seguridad proporciona al equipo de MNP una memoria externa con grabaciones».

Y lo que muestran esos vídeos es lo que ha dado pie a que el Defensor decida poner los hechos en conocimiento de las instancias judiciales dedicadas a proteger a quienes no han cumplido los 18. También se analizaron los libros de contenciones de los años 2022 y 2023, «y se comprueba que proporcionalmente, los menores con discapacidad sufren un mayor número de ellas», refleja la ficha de seguimiento de esa visita, que contiene información actualizada al pasado 27 de diciembre.

«Este porcentaje desproporcionado de aplicación de contenciones a menores con discapacidad –abunda la investigación– refleja que la respuesta educativa que reciben es inadecuada, alejada de sus necesidades». Por este motivo, el Defensor pide a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, que es la responsable del Marcelo Nessi, «que se revisen con enfoque de discapacidad los motivos de aplicación de las contenciones, así como el procedimiento de inmovilización».

Según el libro de contenciones, hubo 200 en el año 2021, 152 en 2022, y 189 de enero a junio de 2023, cifras «elevadas», a las que habría que añadir aquellas otras que según el Defensor, suceden pero no se registran en el citado libro.

«Tras el visionado de las grabaciones –recoge el informe del organismo–, se comprueba un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los vigilantes de seguridad». Y añade: «estando el personal educativo y cuidador presenciando esa forma de actuar sin que realicen ninguna intervención de mediación», en contra de lo que recoge el protocolo del propio centro.

«En una grabación del 15 de marzo de 2023 –detalla el MNP–, se aplica una contención a un interno y se comprueba que además de ponerle grilletes, le atan las piernas a la altura de los tobillos». En un vídeo de febrero del año pasado, «se aprecia cómo el menor es agredido con la defensa de goma mientras está en el suelo sujetado por otros dos vigilantes más». Y en otro de unos días después, «el menor está arrinconado por dos vigilantes y aparece un tercero utilizando la defensa contra el menor».

En otra de las grabaciones, «se observa cómo el equipo educativo no interviene en ningún momento, y un miembro del personal de seguridad decide golpear al menor con la defensa de goma sin que este muestre una actitud violenta, y en presencia de cuatro vigilantes de seguridad más». La denuncia también refiere que «en 2023, se utilizó en 65 ocasiones la fuerza física personal hacia menores, y el centro proporcionó solo 20 informes de enfermería».

La denuncia del Defensor recoge también que «cuando se producen lesiones, no se remiten al juzgado ni al fiscal de menores los correspondientes partes, en contra de lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Además, esos informes «no incluyen fotos, no siempre se describe en ellos la forma en que la persona lesionada refiere que se produjeron las lesiones y no se entrega una copia al menor».

Preguntada por este diario por este informe del Defensor, la Consejería de Salud y Servicios Sociales recuerda que los hechos que se denuncia ocurrieron en la anterior legislatura, y que la actual administración «ha contestado a los requerimientos recibidos por el Defensor y se está respondiendo a las recomendaciones». «De esta manera –añade–, se ha procedido a atender e implementar progresivamente las medidas recomendadas, teniendo en cuenta las características estructurales del centro, y siempre priorizando el interés y la seguridad de los menores y del personal que les atiende».