24 horas en un pequeño juzgado de Extremadura

Esta última palabra hay quien no la interioriza a la velocidad que debería, y al verse ante ella la llama «guapa» o «niña» o «prenda». «Me pasaba sobre todo al principio –relativiza ella–, porque empecé joven». Y tanto. Exalumna del colegio Licenciados Reunidos y el IES Hernández Pacheco de Cáceres, se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura en el año 2010 y en 2012 obtuvo la plaza. Aprobó la oposición con 25 años recién cumplidos, tras solo 18 meses de preparación, cuando la media en España son cuatro años y medio. Lo siguiente fueron un año de prácticas en Barcelona y otro en Cáceres. Juró el cargo en mayo de 2014, su primer destino fue Coria, después la enviaron a Don Benito y en octubre del año 2016 llegó a Trujillo para gobernar un juzgado pequeño en un palacio precioso con una balconada hacia la Plaza Mayor en la que todo los novios se hacen sus fotos de boda, contraluz mediante.

Hoy es martes, día de juicios leves. Los miércoles suelen reservarse para las declaraciones, y los jueves para las vistas civiles. Lunes y viernes también hay tela que cortar: solicitudes de pruebas, recursos, autos... Y a esto hay que sumar las guardias. O sea, lo que te llega sin estar en la agenda. Hoy, una denuncia por amenazas en el ámbito familiar.

«Aquí –desgrana Patricia Gutiérrez– vemos muchos casos de Derecho de familia, de bancos, de tarjetas 'revolving', gastos de hipoteca y similares, y también son habituales las reclamaciones de cantidad, los problemas relacionados con obras, los conflictos vecinales, los accidentes de tráfico y cada vez más delitos cibernéticos, una tipología que está dando problemas porque es difícil dar con los autores». En definitiva, un poco de todo, un cajón desastre que ha incluido la causa del exalcalde y exdiputado nacional del PP Alberto Casero, que ella instruyó.

«A mí los que más me gustan son los casos que tienen que ver con la discapacidad –dice la jueza–. Creo que es una de las labores más bonitas que hacemos en un juzgado. De las más gratificantes». Y nada más empezar la mañana, primer ejemplo.

Entra a la sala una anciana bien abrigada –anoche heló con ganas– y en zapatillas de estar a casa, agarrada del brazo de su hermana. La mujer padece un deterioro cognitivo importante, y vive en una residencia de ancianos. Su familia son esa hermana que le sujeta y el marido de ella. Hace dos años, una reforma legal (la ley 8/2021) obligó a revisar todas las sentencias sobre discapacidad anteriores a esa norma, un trabajo descomunal que ha añadido a los juzgados de todo el país un tráiler de causas a sumar a los palés que ya amontonaban muchas sedes judiciales.

La titular del número dos de Trujillo sabe lo que se va a encontrar, porque ha leído la documentación antes de tener a los protagonistas delante. Se llama prepararse el caso, y suele hacerlo el día antes.

Ante trámites de esta naturaleza, lo primero que hace es quitarse la toga. Puede hacerlo porque en rigor, esto no es un juicio, sino otro tipo de procedimiento. Lo segundo que hace la jueza es tranquilizarles, consciente de que para la mayoría, ir a un juzgado es un trago que afrontan por primera vez. «Nada de nervios, que esto es muy informal», les dice. Y lo tercero es explicarles por qué están ahí. Lo hace con un lenguaje sencillo, corrigiéndose a sí misma cuando usa alguno de esos tecnicismos tan del agrado de tantos juristas. «Para enajenar un bien, o sea, si quieren vender una casa...». Una vez informados los acompañantes, se levanta de su silla y se acerca a donde está la anciana. «¿Es tu hermana?», pregunta sonriéndole. «¿La quieres?». Apenas hay respuestas. Y esas respuestas tan pobres son la respuesta más clara. Al terminar les dirá a los tres «Ya hemos acabado. ¿A que no ha sido tan difícil?». Y les despedirá con la mano.

Hacia el final de la mañana, Patricia Gutiérrez ve un caso parecido, esta vez con un joven en el lugar de la anciana. Y actúa con idéntico tacto.

«Es que ella es así, es así siempre», dice Víctor Fernández Guerra, el secretario judicial, que se ríe al recordar el día que un joven con síndrome de Down aficionado al micrófono aceptó la invitación de la jueza para cantar y les regaló una saeta antes de salir del juzgado con el pecho hinchado. Y dice más Víctor: «Yo llevo en esto desde 1990, he estado en distintas sedes y no he visto a un juez así, que trate tan bien a las personas con discapacidad».

«Me duele particularmente todo lo que sea abusar del débil», dice su señoría, que es la delegada de accesibilidad del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. «Hemos logrado cosas importantes en este ámbito –explica–, gracias al TSJ extremeño y a Plena Inclusión. Una de ellas es haber adaptado a lectura fácil, es decir, a un lenguaje adaptado a las personas con dificultades de comprensión lectora, las resoluciones modelo de los juzgados, como las citaciones o emplazamientos, y también la lectura de derechos. Estamos ya haciendo llegar estos modelos a todos los órganos judiciales de la región. Es un avance tremendo en la protección del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad. En esto, somos de los pioneros en España».

También es Patricia Gutiérrez la portavoz autonómica de la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Su antecesora es Ara Sánchez, actual secretaria general de Igualdad y Conciliación en la Junta de Extremadura. Y antes aún, ejerció este cargo Raimundo Prado, magistrado del TSJEx que fue también portavoz nacional de la asociación entre los años 2015 y 2019. «Somos la asociación mayoritaria en la comunidad, pertenecemos a ella unos 45 jueces, y somos un colectivo sin adscripción política, independiente, dedicado a defender los principios constitucionales, mejorar nuestras condiciones laborales y el servicio que presta la administración de justicia», resume Gutiérrez entre vista y vista.

Antes de ponerse la toga, sentada en su despacho, cuenta que decidió opositar cuando cursaba el cuarto año de la carrera. Y que no recuerda el tiempo de preparación como un martirio. «Estudié mucho, pero creo que tampoco me maté». No solo aprobó. Es que quedó la décima de 350. «Creo –sugiere– que me ayudó mucho que siempre me ha gustado leer. Con 15 años leía a Cela, a Delibes, a Bukowski, y eso me ha ayudado mucho en la comprensión lectora y a saber expresarme».

Ye en la sala de vistas, con el acusado o denunciado o investigado en frente, su señoría Gutiérrez transmite una autoridad clara. Corta cuando la declaración se desvía de lo sustancial, o rechaza la pregunta de la abogada porque alude a una cuestión ya despachada. Es tajante pero no cortante. El equilibrio oportuno, el tono requerido.

«Nadie te enseña a transmitir autoridad –explica ella–. Yo creo que la llevamos todos un poco en el ADN. Y la autoridad la tiene el propio cargo. La gente, cuando viene al juzgado normalmente sabe a dónde viene y muestra respeto. Aunque hay de todo, claro. A veces sí que he notado un poco el hecho de ser joven y mujer. Pero nada grave, y cuando ha ocurrido ha sido más por ser mujer que por ser joven». «Al final, lo que hacemos los jueces en nuestro día a día es resolver problemas de los ciudadanos, defender sus derechos, sin más, no hacemos otra cosa», simplifica la jueza, que tiene a su mando a una plantilla formada por un tramitador, un auxiliar y un gestor.

Es el mismo esquema que en el otro juzgado de la localidad. Los dos son mixtos, es decir, atienden causas de las jurisdicciones civil y penal, en un partido judicial de 29.367 habitantes repartidos entre 22 localidades. «En todos los sitios siempre se puede mejorar, pero en general estamos bien», dice la jueza, que se declara «encantada» con su trabajo. «Soy muy feliz con él –afirma–. Me está gustando incluso más de lo que pensaba. Me gusta mucho, me siento realizada». Y se le nota.