Díaz Ayuso: «El cierre de Almaraz comprometería incluso la seguridad nacional»

Hay que recordar que las dos dirigentes firmaron este lunes en Mérida una declaración institucional reclamando la prolongación de la vida útil de esta infraestructura, cuya clausura está contemplada en el calendario de cierres de los siete reactores nucleares operativos en España. El número uno de Almaraz se apagará en noviembre del año 2027, y el dos un año más tarde, dando inicio a un apagón nuclear que concluirá en el año 2035.

Entre los argumentos esgrimidos por la presidenta de la Comunidad deMadrid para defender la prórroga de la planta extremeña está que el cese de operaciones de la central «causará un daño irreversible a España, al no contar con la infraestructura tecnológica necesaria y no estar preparada para reemplazar a la energía nuclear». Además, considera Díaz Ayuso que la suspensión de actividad en Almaraz pone en riesgo el suministro en zonas de alta demanda como la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que genera el 15% de la energía en la región, «con una necesidad cada vez mayor por la creciente apertura de centros de datos».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha expuesto estos días que algunos estudios constatan que el fin de estas centrales provocaría «un aumento del 23% de la factura de la luz para hogares y pequeñas y medianas empresas, con un coste de 22.500 millones de euros«. »Supondrá una pérdida de alrededor de 30.000 puestos de trabajo, la mayor parte en municipios rurales en riesgo de despoblación, a los que se privaría del 70% de sus ingresos«, asegura Díaz Ayuso.

Según los datos que la presidenta madrileña expuso tras su visita a la instalación cacereña, «la energía nuclear, considerada en el año 2022 por la Unión Europea como energía verde, es clave para España y representa el 21% de su generación eléctrica, evitando la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y contribuyendo la reducción de los gases de efecto invernadero«. Ayuso ha asegura también este martes que »en los últimos cinco años, se ha incrementado en torno al 70% la carga fiscal a las empresas, para desincentivarlas y que no inviertan en energía nuclear, decisión que va en contra de la industria, el empleo, las familias y la digitalización«. »En caso de cierre, España sería más dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo del gas proveniente de Rusia«, ha añadido.

Por ello, la presidenta madrileña reclama emular la continuidad de dos nucleares en Bélgica, «que cuentan ahora con el beneplácito de la comisaria europea Teresa Ribera, y ayudas de 32.000 millones de euros para que sigan abiertas«, además de exigir al Gobierno central que aplique «una política exenta de ideología, con rigor científico y técnico y que cuide del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España«.

A la alianza entre los gobiernos autonómicos de Extremadura y Madrid se ha referido también este martes el secretario general del PSOE extremeño después de reunirse con el comité de empresa de la central nuclear. Para Miguel Ángel Gallardo, el acuerdo entre María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso es «papel mojado». En su opinión, es una declaración de intenciones, «que tiene más que ver con beneficiar a las empresas que con solucionar los problemas de la vida de la gente». «Esto de venir a ver la bombona de butano mientras ella se come el huevo frito en Madrid no está bien, lo de los Santos Inocentes se ha terminado».

Sobre el hecho de que algunas empresas se hayan pronunciado en los medios de comunicación a favor de la continuidad, Gallardo ha declarado que hacerlo de ese modo carece de base jurídica. «La validez jurídica -ha matizado- se adquiere cuando se expresa de forma oficial y se registra la intención de continuar con la actividad y en el caso de que las empresas tomasen esa iniciativa el PSOE defenderá ante el Gobierno de España su continuidad, siempre que no se haga en base a su fiscalidad».