Diez mil extremeños que ganan por encima de 54.000 euros tendrán que cotizar más

Estas medidas afectarán a unos 10.000 trabajadores extremeños, que son los que cobran más de 54.000 euros brutos anuales, según los datos de la Agencia Tributaria actualizados con la campaña de la renta de 2021. Significan en torno al 2,4% del total de asalariados que contabiliza Hacienda para la región.

Los sueldos más bajos que se pagan en Extremadura hacen que ese porcentaje sea menor que el que arroja la misma fuente para el conjunto del país, donde esa ratio se eleva hasta rozar el 5,5%. «Tenemos menos salarios altos, pero también hay empresas que tienen un personal altamente cualificado y que cobra por encima de esa cifra», detalla Javier Peinado, secretario general de la Creex, la entidad interlocutora para el diálogo social en la región, que entiende que es una forma de aumentar los costes salariales que tienen las empresas. «La reforma tendrá consecuencias negativas en el crecimiento económico de la región», ahonda.

Los representantes de los empresarios en Extremadura se alinean con la CEOE y Cepyme en su rechazo a la reforma de las pensiones aprobada el jueves mediante por el Consejo de Ministros. «Es otro rejonazo más», define ese texto Eugenio Hernández, de la confederación de empresarios y autónomos Ceade.

Esta oposición tiene su origen en que las empresas soportarán gran parte del aumento en las cotizaciones. Por ejemplo, la cuota de solidaridad se aplicará sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización (los 4.495,5 euros mensuales son los casi 54.000 euros al año). Es decir, un salario bruto anual de 60.000 euros deberá pagar el recargo por 6.000 euros.

La cuota irá en aumento desde 2025 a 2045 y acabará siendo del 5,5% para los salarios que superen hasta en un 10% la base máxima de cotización; del 6% para los que sobrepasen el límite entre un 10% y un 50%, y de un 7% para quienes estén por encima de ese 50% En este último grupo, con retribuciones superiores a los 90.000 euros al año, hay menos de un millar de extremeños, no llegan al 0,2% delos asalariados en la región

El trabajador aportará una sexta parte de la cuota y la empresa los cinco partes restantes.

La reforma tiene más novedades. Una es el aumento de la base máxima de cotización a razón de un 1,2% anual, a lo que se sumaría el IPC de cada año, hasta 2050; otra, la subida paulatina del mecanismo de equidad intergeneracional hasta duplicarlo del 0,6% actual al 1,2% en 2029. Eso sí, el Gobierno adquiere el compromiso de no volver elevar esa tasa antes de 2050. Ésta última es una aportación que recae en todos trabajadores tanto asalariados como autónomos.

Son dos modificaciones que incrementan la aportación de las empresas a la hucha de las pensiones. «La solución no es asfixiar al que llena el bote porque se van a quedar sin gente que llene el bote», se queja Hernández, que entiende que las modificaciones que recoge la reforma no servirán para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. «Sólo es un parche», dice sobre la reforma propuesta por José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y apoyada por los sindicatos.

Los cálculos que hace el Ejecutivo apuntan en sentido contrario: los ingresos crecerán en 15.000 millones de euros y los gastos en 2.500 millones.

Ese es el objetivo: la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través de aumentar los ingresos, sobre todo ahora que empezarán a jubilarse las generaciones del 'baby boom', con el consecuente crecimiento del número de pensionistas.

Más allá del aumento de las cotizaciones, la reforma también contempla la ampliación a 29 del cómputo de años cotizados a la hora de calcular la pensión de jubilación.

Sin embargo, todos los nuevos jubilados tendrán la opción de descartar para hacer el cálculo los dos ejercicios que consideren. Esto les permitirá mejorar sus nóminas a la hora del retiro o podrán mantener el formato actual si el nuevo les perjudica. Es decir, repercutirá en una mayor carga para la ya tensionada hucha de las pensiones a la que contribuirá el compromiso de elevar las pensiones mínimas hasta los 1.180 euros mensuales en 2027.

La patronal extremeña considera que la reforma será especialmente perjudicial para la región debido a que las empresas tienen menor tamaño y les supone un mayor esfuerzo asumir un aumento de costes. «Va a afectar de manera lesiva; el 96% del tejido extremeño está compuesto por microempresas y autónomos y esto perjudicará su competitividad», expone el secretario general de la Creex