Valdecañas espera conocer la decisión del Constitucional en menos de un año

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura (UEx) Pedro Brufao Curiel, asegura que no es habitual una discusión tan reñida entre los magistrados. Esta división queda plasmada en el anuncio de cinco votos particulares, cuyo contenido aún no se conoce. Contrarios a la decisión de admitir los recursos son Juan Antonio Xiol Ríos, Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas.

«En las decisiones del Constitucional suele haber votos particulares, pero no tantos como en este caso. La decisión tuvo que ser muy reñida», valora Brufao. Si se produce un empate, es el voto cualificado del presidente, que vale doble, el que inclina la balanza hacia un lado u otro, como ha sucedido ahora con el caso de Valdecañas.

En cuanto a los plazos para conocer una decisión final del TC sobre el fondo del asunto, el derribo del resort, el profesor cree que «sería difícil resolverlo mediante sentencia en menos de un año». Brufao, que en otras ocasiones ha expresado su opinión contraria al mantenimiento de Valdecañas, muestra su sorpresa por que se hayan admitido a trámite los recursos de amparo (presentados por los propietarios, la Junta y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo), ya que «el porcentaje de casos que se admiten es ínfimo, las causas de admisión se interpretan en un sentido muy restrictivo». Como se ha informado, no llegan al 2%.

Por su parte, al abogado Luis Díaz-Ambrona no cree que los plazos se dilaten tanto e interpreta el auto de admisión como una primera victoria.

El letrado, que representa a los 185 propietarios de las villas, quiere que en el TC se pronuncie sobre la suspensión cautelar de la ejecución del derribo total, decretada por el Supremo, y cree que habrá un pronunciamiento rápido sobre esta cuestión, antes de Navidad.

En cuanto al tiempo que tardarán en tener una sentencia sobre el fondo, calcula que la media que tarda el TC en resolver es de aproximadamente un año.

No obstante, en un caso tan mediático como este, Díaz-Ambrona sostiene que no sería extraño «tener una resolución en cinco o seis meses». Opina, además que la «cierta interinidad» de algunos de los miembros del tribunal podría jugar a favor de una mayor celeridad.

En su auto, el tribunal ha apreciado que las cuestiones planteadas tienen especial trascendencia constitucional. El criterio dominante ha sido que el caso puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina y, por otra, que la cuestión suscitada trasciende del supuesto concreto porque establece una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica.

Al leer la breve nota de prensa hecha pública por el TC este miércoles, puesto que aún no se conoce el texto íntegro del auto, Díaz Ambrona estima que, al menos de forma indirecta, se infiere que se tienen en cuenta los argumentos de los recurrentes en cuanto a la vulneración del artículo 24 de la Constitución. Es decir de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías. En este asunto cree que ha sido determinante el reproche que realizaron en sus alegaciones a la intervención del magistrado extremeño Wenceslao Olea Godoy en el recurso de casación resuelto por el Supremo, ya que el mismo juez conoció del caso en el TSJEx.

Por otra parte, el letrado reconoce que la decisión ha sido muy ajustada, «casi al 50%». pero asegura que «de la escueta nota se deduce que los magistrados que han votado a favor lo han tenido muy claro».

Esto da esperanzas a los recurrentes, que también confiaban en que se admitiese a trámite, a pesar de que el Constitucional rechaza entrar a conocer en torno al 98% de lo asuntos que le llegan. «La satisfacción de los propietarios es mucha, porque ya hay una resolución favorable; que, aunque no prejuzga el resultado final, ya, por lo menos, han visto que efectivamente puede haber esa vulneración de lo previsto en la Constitución».

El letrado asegura que en este caso, además del interés particular de los propietarios de las villas, «el sentir mayoritario en toda la comunidad extremeña es que eso siga en pie, como quedó patente en una encuesta encargada por la Junta».

«Una demolición», agrega, «supondría ahuyentar a cualquier inversor que pensase en esta tierra; por no hablar del beneficio socioeconómico que ha supuesto para la comarca, ahora que tanto se habla de la España vaciada, pues esos dos pueblos han resucitado», añade Díaz-Ambrona.