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La Estación Biológica de Doñana cree que Marina Isla Valdecañas debe cerrar sus puertas y la zona ser restaurada. El organismo adscrito al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) lo asegura en el informe que ha elaborado a petición del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), y contra el que las partes de la causa judicial pueden alegar hasta el 15 de marzo.
La sala de lo contencioso-administrativo ya anticipó al encargar la prueba, en marzo del año 2015, que lo que esta pericial dijera sería la base para determinar si el complejo de lujo ubicado cerca de Navalmoral de la Mata debe o no ser derribado. La decisión que tome será el modo de ejecutar las sentencias del propio TSJEx y del Tribunal Supremo, de los años 2011 y 2014 respectivamente, que declararon ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió levantar el resort y ordenaron la restitución de esos terrenos a su estado original.
Tras más de dos años de investigación, los expertos han enviado al Tribunal un documento de 1.118 páginas en el que responden a las catorce preguntas que les plantearon los magistrados. En líneas generales, no ofrecen respuestas taxativas, de modo que algunos de sus planteamientos pueden dar lugar a interpretaciones opuestas. Ayer, el informe fue mejor acogido por los grupos ecologistas que iniciaron el proceso hace más de una década que por las otras cuatro partes de la causa (la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, la promotora y los dueños de chalés). Ahora bien, también ellas encuentran en la pericial argumentos y datos que creen avalan sus tesis.
2006. El 24 de enero, la Junta da su visto bueno al proyecto. Dos días después, Adenex anuncia que si no se cambia la ubicación, irá a los tribunales.
2007. El 10 de abril, la Junta aprueba definitivamente el PIR. En agosto comienzan las obras. A las pocas semanas ya hay denuncias ecologistas por daños al medioambiente de la zona. En este año, Adenex presenta un recurso ante el TSJEx, además de una queja ante la Comisión Europea y una denuncia ante el Parlamento Europeo, que la admite y ordena a la Comisión Europea que abra una investigación.
2011. El 9 de marzo, el TSJEx declara ilegal el PIR que permitió construir el resort y ordena que los terrenos que ocupa sean restituidos a su estado primigenio. A los diez días, PP y PSOE aprueban una reforma de la Ley Regional del Suelo que deja que el proyecto siga adelante.
2014. El 29 de enero, el Tribunal Supremo falla en los mismos términos que el TSJEx. Al mes siguiente, la empresa promotora del complejo se declara en preconcurso de acreedores.
2015. En marzo, la sala de lo contencioso-administrativo encarga a la Estación Biológica de Doñana, entidad adscrita al CSIC, un informe en el que responda a 14 cuestiones clave sobre el complejo y su futuro.
2018. En octubre, el TSJEx pregunta por escrito al CSIC por qué no ha terminado la prueba pericial que le encargó y le pide que ponga una fecha de entrega. Esta dice que lo enviará antes de que acabe el año.
2019. Se conoce el contenido del informe. La próxima fecha clave es el 15 de marzo de este año, cuando el plazo que se ha dado a las partes para presentar alegaciones. En función de lo que la Sala estime sobre el informe en sí y sobre las alegaciones presentadas, puede tomar en los próximos meses un amplio abanico de decisiones.
Lo que deja claro la pericial es que la peor opción desde el punto de vista medioambiental –y el TSJEx ya anticipó en su día que su dictamen final solo tendrá en cuenta esto, y no los argumentos económicos– es no hacer nada y que todo se quede tal como está ahora. «Mantener el complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la zepa (Zona de Especial Protección de Aves), solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el PIR». En este sentido, hay que recordar que la causa judicial dejó el proyecto a medio ejecutar, y que completarlo implicaría varias infraestructuras nuevas, entre ellas un hotel de cinco estrellas (ya hay uno de cuatro).
«Nuestra recomendación es que el uso actual no debe mantenerse», ratifican los científicos. «Los impactos ambientales del uso del complejo son diez veces mayores que los de la demolición», añaden a renglón seguido, justo antes de dejar claro que «el abandono de las infraestructuras sin su demolición y retirada de los escombros es una mala solución, ya que no garantizaría la eliminación total del uso humano de las infraestructuras a medio plazo». Este «uso humano»y sus perjuicios para la vegetación y la avifauna del lugar son un argumento que impregna todo el extenso documento conocido ayer.
Los especialistas de la Estación Biológica de Doñana también aseguran que el derribo «causaría un impacto ambiental notable». Pero en el siguiente párrafo afirman que «mantener el complejo causa un impacto mucho mayor». «Desde un punto de vista global, la huellla ecológica (el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza) de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del complejo». Y algo parecido pasaría con la huella de carbono, que es una de las formas de medir el impacto de la actividad humana sobre el planeta y se basa en la emisión de gases de efecto invernadero. Según sus cálculos, la que generaría el resort durante los próximos 50 años sería 29 veces mayor a la que se registraría si se derribara.
«La opción más beneficiosa –plantean los especialistas del CSIC– es la restauración ambiental de la isla». «Cesaría la actividad humana y por tanto –añaden–, sus múltiples efectos adversos sobre los ecosistemas». El final del aprovechamiento humano actual es un requisito básico para mejorar el hábitat de la zona, que según se apunta en otra parte de su informe, «antes de las obras, no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros hábitats terrestres abundantes en el entorno de la zepa». Lo cual, añaden, no quiere decir que estuviera justificado excluirlo de ella como se hizo, para posibilitar la recalificación del suelo y que allí pudiera levantarse una urbanización. Al contrario, pese a ser un espacio de menor valor que los que le rodean, sí presentaba algunas características que aconsejaban que siguiera estando protegido.
Para los especialistas de Doñana, «el abandono de la isla sin demolición obstaculizaría la restauración ambiental, porque con el tiempo, los residuos de las ruinas acabarían en el suelo o en el agua, no se recuperaría todo el espacio transformado por la urbanización y no se eliminaría el riesgo de reocupación o generación de nuevos focos de actividad humana». Es decir, citan argumentos favorables a demoler el complejo, en el que tienen chalés algunas de las mayores fortunas de nuestro país.
Sin embargo, el documento que ahora debe analizar el TSJEx también advierte que «el restablecimiento de la isla a su estado originario, entendido como la recreación exacta de las condiciones físicas y biológicas que tenía en el año 2006, cuando aún no había empezado a levantarse el complejo, produciría un perjuicio ambiental mayor que un proyecto de restauración ecológica que partiese de la situación actual». Y la situación actual, como es conocido, es el complejo abierto.
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Los científicos del CSIC defienden «una restauración pasiva, que tendría un efecto positivo sobre indicadores de biodiversidad en la isla». Sería un proceso «lento, que puede durar varias décadas, pero este ritmo podría incrementarse aplicando técnicas de restauración activa». «La demolición seguida de una restauración ecológica –concluyen– tendría un impacto ambiental positivo sobre la zepa a largo plazo».
Porque según la Estación Biológica de Doñana, la construcción de Marina Isla Valdecañas ha impactado negativamente sobre la biodiversidad del lugar. «Ha causado –detallan– la pérdida de hábitats en la isla para un tercio de las especies de aves terrestres invernantes y para la mitad de las reproductoras». Sin embargo, no ha motivado un descenso de la población de aves acuáticas, excepto en el caso de cormorán grande. Aunque sí ha cambiado el comportamiento de algunas de estas especies, como el ánsar común o la grulla común, que ahora prefieren no acercarse a menos de dos kilómetros de la isla que ocupa el polémico complejo.
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