Las dos cárceles extremeñas solo tienen cubiertas tres de sus trece plazas de médico

Actualmente, las cárceles de Badajoz y de Cáceres tienen trece plazas de médicos y solo tres de ellas están cubiertas. Las tres en Badajoz, donde debería haber ocho facultativos. En Cáceres los cinco puestos están vacantes desde hace más de tres años.

Eso no significa que los internos de la prisión de Cáceres carezcan de atención sanitaria. Hay dos médicos externos contratados, que cubren los turnos de lunes a viernes. Además, la plantilla sí cuenta con seis enfermeros y cuatro auxiliares de enfermería, según confirman desde Instituciones Penitenciarias.

En Badajoz la situación no es mejor. De los tres médicos con plaza en el centro, dos están de baja, por lo que solo uno se encuentra trabajando. En este caso, el personal sanitario de la prisión se completa con nueve enfermeros, aunque cuatro están también de baja, y cuatro auxiliares de enfermería.

Para paliar esas deficiencias de personal, que también existen en otros centros penitenciarios en España, Instituciones Penitenciarias va a contratar a unos 40 médicos interinos a nivel nacional. Uno de ellos, junto con un enfermero, se incorporarán en los próximos días a la cárcel de Badajoz.

Es algo que también se ha intentado para Cáceres, pero sin éxito.

Pensando a más largo plazo, en este 2023 se han ofertado 34 plazas de médicos para el cuerpo de Sanidad Penitenciaria y otras 25 de enfermería, según detallan desde Instituciones Penitenciarias.

Aunque no es la primera vez que se realizan convocatorias y quedan desiertas. La escasez de médicos que se detecta en todo el sistema sanitario se suma una complicación añadida para las prisiones: el salario.

Los sindicatos del colectivo sanitario han denunciado en más de una ocasión que los facultativos de los centros penitenciarios pueden cobrar hasta 1.000 euros menos al mes que los que desarrollan su labor en otros puntos del sistema.

A esta falta de médicos en los centros penitenciarios achacan desde los sindicatos de la Policía Nacional la falta de efectivos en las calles de Badajoz y de Cáceres.

Según han denunciado recientemente tanto CEP (Confederación Española de Policía) como Jupol, los traslados de los reclusos a los hospitales conllevan que falten indicativos policiales para atender las llamadas de emergencia en las capitales de provincia de la región.

«Desde hace meses es patente la escasez de indicativos policiales disponibles, y todo ello es debido a las constantes custodias hospitalarias que lleva a cabo el servicio de radiopatrulla perteneciente al Grupo de Atención Ciudadana (GAC)», señalaba el CEP el pasado fin de semana.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno ya rechazó ese argumento al asegurar que la coordinación de las diferentes fuerzas de seguridad –Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local– permite cubrir la seguridad ciudadana.

Por otro lado, desde Instituciones Penitenciarias aclaran que una de sus obligaciones es garantizar la atención sanitaria de la población reclusa. En ese sentido detallan que el traslado de los presos a hospitales se seguiría produciendo aunque las plantillas de sanitarios estuvieran completas siempre que se produzca una urgencia, esté programada la consulta con un especialista o sea necesaria una intervención quirúrgica. «Cuando los agentes están realizando una custodia hospitalaria o en un juicio también están prestando su atención a un ciudadano», exponen fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Son tareas que deben realizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Policía Nacional lo efectúa en el ámbito urbano y la Guardia Civil se encarga en las zonas rurales.

Sí es cierto que, conscientes de la poca plantilla de médicos de la que disponen, en las cárceles se están adoptando medidas con la intención de reducir los traslados a los hospitales. Una de ellas son las guardias telemáticas, que se efectúan para la atención primaria en los turnos en los que no hay médicos en la prisión. Eso sí, siempre debe haber personal de enfermería en el centro, que son los que acompañan a los reclusos en esas consultas.

Además, se trata de hacer coincidir los permisos de aquellos internos que gozan de ellos con sus citas médicas para que vayan por sus propios medios a los centros hospitalarios y se deriva a los presos con enfermedades crónicas a centros penitenciarios que tienen una plantilla sanitaria más completa.

La ley marca que desde el año 2003 deberían estar transferidas a las comunidades autónomas las competencias en Sanidad Penitenciaria. Sin embargo, solo tres regiones –Cataluña, País Vasco y Navarra, muy recientemente– han asumido la gestión de los servicios sanitarios en las cárceles. «Se deberían haber transferido hace 20 años», señalan fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Para avanzar en el cumplimiento de la ley, desde 2018 se han intensificado los contactos con los Ejecutivos regionales con el objetivo de acelerar ese proceso, como también han demandado algunos sindicatos de la Policía Nacional.

Eso supondría que el personal sanitario de las prisiones extremeñas pasaría a depender del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Aunque se efectúe la transferencia, no se ve como una solución a los problemas de falta de personal sanitario en las cárceles extremeñas. La escasez de médicos es una realidad en la región que trasciende más allá de los centros penitenciarios. Aunque quizá sí pudiera servir para igualar las condiciones laborales y salariales de los médicos que ejercen en la prisión con los que trabajan en el sistema sanitario extremeño.

Tampoco pondría fin esa asunción de competencias por parte de la comunidad autónoma a los traslados de los reclusos a los hospitales. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado seguirían teniendo que realizar las custodias de los presos que por una urgencia, una consulta con un especialista o una intervención quirúrgica tengan que salir de la prisión. Los funcionarios de prisiones, que no son un cuerpo armado, no pueden realizar esa tarea, por lo que seguiría recayendo sobre la Policía Nacional.