Empleados de Almaraz y negocios de Navalmoral muestran su preocupación por el posible cierre de la central

«Nos cuesta asumir que pueda cerrar», reconoce Borja Romero (38 años, de Badajoz), que le tiene bien tomado el pulso a lo que piensan y sienten sus compañeros porque es el presidente del comité de empresa. «Estamos todos a la expectativa –se sincera–, con la esperanza de que la situación pueda cambiar». O sea: que el Gobierno y las empresas propietarias de la planta (Iberdrola en un 53%, Endesa en un 36% y Naturgy un 11%) se olviden del acuerdo que firmaron en el año 2019 y que contempla la clausura progresiva de los siete reactores nucleares que siguen operativos en cinco centrales. El apagón nuclear español comenzará en Almaraz, cuya unidad uno dejará de funcionar el 1 de noviembre de 2027 y la dos, un año menos un día después. En 2030 se despedirán Cofrentes (Valencia) y uno de los dos reactores de Ascó (Tarragona); en 2032 el otro reactor de Ascó; y por último, en el año 2035 cesarán su actividad Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara).

«Espero que al final se imponga la cordura y la planta siga operativa», confía Manuel Carreño, uno de los siete jefes de turno de la central, que tiene en nómina a unos 330 empleados (la cifra fluctúa a lo largo del año). Además, acuden a ella a diario en torno a 400 trabajadores de otras empresas. Los tres mil empleos de que suelen mencionarse al abordar el impacto laboral de la instalación incluyen estos 730 empleos directos más los indirectos y también los inducidos.

«Si cierra, tengo muchas posibilidades de ser de las primeras en irme al paro», intuye Rosario Pascual (47 años), que trabaja como fija discontinua en una empresa de limpieza y descontaminación. «Estoy en la central –detalla– entre siete y nueve meses al año, desde hace cuatro años, en turno de jornada intensiva, de 7.25 de la mañana a 14.55 de la tarde. No tengo otro trabajo, y cuando empiecen los despidos, lo normal es que nos toque primero a los fijos discontinuos». «La situación –reconoce– me preocupa en lo personal, pero también por la comarca, porque tengo claro que el cierre repercutiría muy negativamente en todo el Campo Arañuelo en muchos aspectos. Los que somos de aquí, nos quedaremos y buscaremos otro trabajo, pero en la central hay bastante gente de fuera que tendrá que irse. Y esto lo notarán los comercios, los alquileres, todo tipo de negocios...».

«Te das cuenta de lo que supone la central cuando vives en Navalmoral y no haces más que coincidir en todos sitios con gente que trabaja en ella: en el colegio de los niños, en las tiendas, los bares, el gimnasio...». Lo cuenta Borja Romero con el bagaje de sus 14 años empleado en la planta, a la que llegó gracias a un convenio de colaboración entre la instalación y la Universidad de Extremadura (UEx), donde él estudió Ingeniería Industrial. Vive en Navalmoral de la Mata (17.028 habitantes, a 15 minutos en coche de la central), como siete de cada diez empleados de la industria. El resto se reparte entre Plasencia (a 40 minutos), Cáceres (a una hora) y Talavera de la Reina (Toledo, a 50 minutos).

«Empezaremos a ser conscientes del impacto de la central –anticipa Romero– cuando se apague el primer reactor, porque entonces ya se reducirá la plantilla de forma importante. Se perderán puestos de trabajo, en muchos casos de gente que se irá a otro sitio, y que eran clientes en los comercios, y pagaba alquileres... No encontramos justificación al cierre. Una planta que es clave para el sistema energético español, que está entre las más seguras del mundo y en la que no han dejado de hacerse inversiones en materia de seguridad».

Él conoce bien esto último porque trabaja como ingeniero en diseño y componentes, y parte de su día a día son la actualización de equipos y la implantación de mejoras. «Esta situación de incertidumbre no nos afecta en lo profesional, la gente sigue trabajando con el mismo sentido de la responsabilidad de siempre, pero en lo personal es inevitable que lo notes. Te cambia el estado de ánimo según las noticias que vas conociendo. No sé qué pasará al final. Estoy viendo tanto movimiento social en la zona, tantos apoyos que nos llegan desde otros sitios de España... Y el cese es tan injustificado que pienso que todo acabará cayendo por su propio peso. Pero no tengo claro si esto es la realidad o mi deseo».

De todo esto ha hablado, habla y hablará, seguro, con Izaskun García, su pareja, porque ella también trabaja en la central. Madrileña de raíces vascas, es ingeniera naval y está en el departamento de mantenimiento, en el área de instrumentación y control. Que en la nuclear coincidan marido y mujer, o padre e hijo, o empleados con algún otro parentesco, no es extraño. La mujer de Manuel Carreño, el jefe de turno, también trabaja en la planta. Y también es ingeniera naval. Se llama Paula Vázquez, es de La Coruña, y antes de llegar a Almaraz, trabajó como marina mercante recorriendo mundo, y también en cruceros. Manuel y Paula se conocieron en la nuclear extremeña, viven en Navalmoral y tienen una hija. Borja e Izaskun también residen en la capital comarcal y son padres de un niño. Ninguno de los cuatro ingenieros se jubilará en Almaraz, ni en una central nuclear española. Incluso aunque se quedaran trabajando en algún desmantelamiento. Porque en diez años, ellos seguirán en edad laboral y en España ya no quedarán nucleares. A no ser que cambien los planes.

«Por el precedente de otros desmantelamientos (Garoña en Burgos y José Cabrera en Zorita de los Canes, Guadalajara), las empresas suelen reubicar a buena parte de las plantillas –explica el presidente del comité de empresa–. Bien trabajando en los desmantelamientos, bien trasladándoles a otras centrales o a otras instalaciones, aunque está claro que no todo el mundo tendrá el destino que le gustaría».

«En un momento inicial del desmantelamiento, la plantilla se reduce significativamente, aproximadamente a la mitad según lo que hemos visto en Garoña y Zorita», avanza Manuel Carreño, que es de Navalmoral de la Mata y estudió Ingeniería Técnica Industrial en la UEx. Cuando estaba cursando la superior, la central le ofreció trabajo, y él aceptó. Después de treinta meses de formación (24 en Madrid y seis en la propia planta), y seis meses de exámenes, obtuvo la licencia de operador de reactor. Desempeñó esa función durante seis años, y tras dos años más formándose, logró la licencia de supervisor de sala de reactor, y un lustro más tarde, la de jefe de turno, la máxima autoridad en la sala. Estas licencias las concede el Consejo de Seguridad Nuclear, y los exámenes para obtenerlas son famosos por su dureza.

«Quienes tenemos licencia, jugamos un papel importante en la primera fase del desmantelamiento, porque supervisamos el movimiento de los residuos», sitúa Carreño, que explica que «en la central, trabajamos con el pensamiento de que cerrará en las fechas anunciadas». «Hostelería, restauración, comercio, construcción, albañilería, empresas de reformas, talleres... Todos notarán mucho el cierre. Porque según vaya bajando el número de trabajadores de la central, estos negocios irán perdiendo clientes. Y los ayuntamientos dejarán de ingresar un dinero importante para ellos, y no podrán prestar los mismos servicios públicos de calidad que ahora ni podrán mantener sus plantillas actuales».

Esto lo sabe Ahitana Gómez, alcaldesa de Millanes por el PP. «Nosotros recibimos de la central 90.000 euros al año, que nos valen para tener contratada una secretaria con dedicación exclusiva, y para tener cinco trabajadores en vez de uno o dos, que es lo normal en pueblos de nuestro tamaño». «Y ese dinero también ayuda para que tengamos la piscina que tenemos, que funciona muy bien en verano, y un bar que acabamos de volver a licitar... La poca gente joven que hay en esta zona vive de la central, ya sea porque trabaja en ella o en alguna empresa que le presta servicio».

«Esta comarca vive de la nuclear, eso está más claro que el agua, aquí hay mucha gente que de una manera o de otra, tiene una relación laboral con ella», ratifica Santiago después de atender a un cliente en la gasolinera de BP que está a un kilómeto y medio de Almaraz. Él lo dice desde la distancia física y emocional, porque ni es de Almaraz ni trabaja en la central ni está empleado en ella ningún familiar o amigo. Y también desde el bagaje de llevar desde el año 1999 empleado en ese negocio que le permite testar a diario ánimos y bolsillos.

Lo mismo que Iván Hidalgo, presidente de la Asociación Comercio Moralo (85 socios, un centenar de empresas, y un grupo de WhatsApp con representantes de unos 150 negocios, otro buen termómetro social). «El cierre sería una pérdida muy grande –valora–. Se perderían muchos puestos de trabajo, y mucha población, se desataría una cadena de consecuencias económicas negativas a muchos niveles».

Lo cuenta Hidalgo en su tienda de deportes, por la que seguro que llevan años desfilando trabajadores de la nuclear, esa planta de la que aquí, todos hablan todo el rato. La mayor industria de Extremadura. La que explica la alegría de limpiadores y jardineros y técnicos de mantenimiento en Almaraz, donde los operarios peinan las callas y los parques a la misma hora a la que un grupo de niños grita y ríe y corre en el patio del colegio, con música animada de fondo. A dos pasos está el geriátrico. En la terraza que abraza la entrada, una anciana y una mujer más joven aprovechan el día primaveral. A sus espaldas queda el aparcamiento. Hay 13 coches. Cinco de ellos llevan en la matrícula el nombre de una empresa de renting. Y en cuatro, los cascos de obra, los chalecos reflectantes y las botas de trabajo ocupan los asientos traseros. Es el rastro, otro más, de la central que cuenta sus días.