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La empresa pública Gisvesa (Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura) ha sido condenada a abonar más de 100.000 euros por el despido nulo de seis trabajadores.
El Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por los empleados. El fallo recoge que un auto de enero de 2020 estableció que los trabajadores debían reintegrarse en sus puestos en un plazo de tres días, pero no fue así. La empresa alegó que el recurso para readmitirlos había prescrito.
El representante legal de los trabajadores, el letrado José Manuel Redondo Caselles, argumentó que la prescripción se había interrumpido porque los ejecutantes presentaron varios escritos sobre la falta de ocupación efectiva de sus empleos.
Estos mismos trabajadores han sido despedidos y readmitidos en varias ocasiones dentro del proceso de disolución que sufrió esta empresa pública, por el cual integró a algunos de sus empleados en otras sociedades, como Urvipexsa, otra entidad pública, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
El fallo del Juzgado de lo Social determina los importes que la empresa debe abonar a cada uno de los seis despedidos por considerar nula su decisión. Suman algo más de 100.000 euros, a lo que se añaden otros 18.000 en concepto provisional de interés de demora procesal y costas de ejecución.
Además, el magistrado requiere a la empresa el reintegro o compensación en cuanto a prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores durante el periodo relativo a los salarios de tramitación reclamados.
Contra la sentencia cabe recurso de suplicación. El abogado de los empleados despedidos, ya ha anunciado que continuará con el proceso judicial porque el objetivo es que estas personas recuperen su empleo.
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