El exalcalde de Oliva de la Frontera se enfrenta a cuatro años y medio de prisión por subvenciones ilegales

Ese incremento se produjo cuando el Consistorio encargó la gestión del servicio municipal del agua a Promedio, un cambio que conllevó la aplicación de las tarifas que tenía ese consorcio para todos los municipios de la provincia.

La subida fue muy brusca y llegó a provocar manifestaciones en Oliva de la Frontera, un rechazo al que respondió el alcalde subvencionando una parte del recibo.

Ocho años después se va a celebrar un juicio en el que la Fiscalía de Badajoz pedirá prisión para el exalcalde de Oliva (Badajoz, 5.083 habitantes) porque desoyó el reparo que realizó el interventor a esas subvenciones concedidas «por razones sociales».

En el escrito de acusación se indica que esas ayudas valoradas en 52.444 euros se aplicaron a los recibos del agua correspondientes a los cuatro trimestres del año 2013 y al primer trimestre de 2014 a pesar de que el interventor alertó de que «el expediente adolecía de convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los beneficiarios, no siendo por tanto el procedimiento de concesión directa seguido el adecuado, careciendo además el expediente de la documentación acreditativa de que los beneficiarios no se encontraban incursos en alguna de las prohibiciones para obtener subvenciones previstas en la Ley General de Subvenciones».

El primero de los decretos de concesión de ayudas fue firmado por el alcalde el 14 de enero de 2014 por un importe de 8.280,68 euros, cantidad que fue repartida entre los vecinos del municipio.

El siguiente decreto está fechado el 22 de mayo por dos importes distintos. Uno de 11.591,06 euros y el otro de 9.913,97. De nuevo hubo un reparo del interventor por los mismos motivos, advertencia que se repitió cuando el 26 de septiembre el alcalde volvió a conceder de forma directa subvenciones por 15.015,60 y 7.642,79 euros.

El dinero utilizado en esas subvenciones tenía su origen en las subvenciones que previamente había concedido al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera la entidad Promedio, que pertenece al Consorcio de gestión medioambiental de la Diputación de Badajoz.

Uno de esos convenios con Promedio concedía al consistorio olivero 27.832 euros para renovar la infraestructura del Servicio Provincial de Abastecimiento de Agua Potable en esa localidad y el otro, por un importe similar, estaba destinado a este mismo fin.

La mitad de ese dinero fue entregada por Promedio al inicio de las obras y la otra mitad cuando el consistorio justificó que los proyectos estaban ejecutados.

Pero la Fiscalía cree que tanto el alcalde como el arquitecto municipal certificaron el fin de las obras «a sabiendas de su falsedad» por cuanto el dinero había sido destinado a las subvenciones por el recibo del agua y no a la mejora de la red.

El escrito de acusación de la Fiscalía también recoge que en un procedimiento distinto el alcalde adjudicó en mayo de 2012 el quiosco de la plaza de las Madronas de Oliva de la Frontera al único licitador que concurrió a ese concurso «sin tan siquiera comprobar la oferta».

Además, prosigue la acusación pública, el alcalde no le otorgó contrato o título habilitante de la concesión y el adjudicatario disfrutó de la explotación del quiosco hasta junio de 2015 sin abonar precio alguno.

Por estos hechos la Fiscalía acusa al exalcalde de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsificación de documento oficial.

Por el delito de prevaricación administrativa pide que el alcalde sea inhabilitado para empleo o cargo público durante 15 años, y por el de falsificación en documento solicita 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3.240 euros (12 euros diarios durante 9 meses) e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años.

La Fiscalía acusa de otro delito de falsificación en documento oficial al arquitecto técnico, que se enfrenta a una petición de pena de 20 meses de prisión y a una multa de 2.700 euros (10 euros diarios durante 9 meses).

Finalmente, pide que el exalcalde haga frente a una responsabilidad civil de 55.648 euros por los actos de prevaricación y el uso indebido de las cantidades recibidas en concepto de subvenciones.

El juicio por esta causa se celebrará el próximo martes 18 de octubre en la Audiencia Provincial de Badajoz.