Extremadura y Castilla-La Mancha coordinarán recursos en la gestión de emergencias

La presidenta extremeña, María Guardiola, y su homólogo castellanomanchego, Emiliano García-Page, han mantenido este lunes en la capital extremeña un encuentro institucional en el que han tendido puentes para la cooperación entre las dos comunidades autónomas.

«Esto debe ser lo normal y esto debe ser lo habitual», ha señalado Guardiola sobre esta primera cumbre entre las dos comunidades autónomas.

Con ese fin, el protocolo suscrito plantea que los recursos de cada territorio estén dispuestos y sincronizados para emergencias en caso de que sean necesarios en zonas limítrofes de la otra región.

Guardiola ha señalado que Extremadura y Castilla-La Mancha comparten 400 kilómetros de frontera. En ocasiones se producen emergencias en las que los recursos de la comunidad autónoma vecina están más cerca que los propios.

Por ese motivo, se ha acordado geolocalizar esos recursos para gestionar su uso y optimizar de esa forma el tiempo de respuesta. «Cuanto más coordinados estemos y más ágilmente actuemos, podremos salvar vidas», ha añadido.

La presidenta extremeña ha citado el caso de los incendios forestales, con un alto potencial de expansión en las dos comunidades autónomas. Según ha indicado, se han sentado las bases para que no sea necesario hacer una solicitud previa de ayuda en caso de que sea necesario recurrir a servicios de la otra comunidad. Asimismo, se ha acordado compartir la información sobre las características de estas catástrofes con la comunidad vecina.

Por su parte, Emiliano García-Page ha señalado que «es de sentido común entenderse en la coordinación de los servicios esenciales que nos afectan a todos».

Como ha explicado, las emergencias no entienden de fronteras administrativas, por lo que aboga por la colaboración en esta materia.

El presidente castellanomanchego se ha mostrado a favor del proceso de descentralización que ha vivido España en las últimas décadas, pero considera que el Gobierno debería promover una coordinación entre territorios que no siempre es ls adecuada. Esto hace que actualmente cada región tenga programas distintos que impiden compartir información sanitaria, así como procedimientos administrativos diferenciados.

«Colaborar es una obligación», ha insistido, por lo que ha abierto las puertas a nuevos acuerdos con Extremadura en cuestiones como la financiación autonómica.

Sobre este asunto, ha afirmado que Castilla-La Mancha está a favor de la redistribución de la riqueza y se ha mostrado en contra del impuesto bancario con el que el Gobierno quiere recaudar 1.700 millones de euros para repartirlos entre las comunidades autónomas en función de su riqueza, lo que considera «una imposición de Puigdemont de última hora». Por ese motivo, estudiará presentar un recurso de inconstitucionalidad, como ya ha anunciado el Ejecutivo extremeño.