Extremadura pierde 53 millones al mes por la falta de actualización del sistema de financiación

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta, Rosa Ramos, ofreció estos datos en su última comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura. Su intervención mostró los problemas de tesorería que se pueden generar por una situación que ya se produjo el pasado año, pero que en este ejercicio se ha agravado.

El sistema de financiación autonómica transfiere a las comunidades los fondos para que puedan prestar los servicios transferidos, entre ellos la sanidad y la educación. Para ello, el Ministerio de Hacienda realiza un reparto en función de la recaudación prevista de impuestos. El dinero se traspasa de forma mensual mediante unas entregas a cuenta que sirven de anticipo a la liquidación definitiva, que se produce dos después, cuando se conocen los ingresos reales.

Las entregas a cuenta se calculan a mediados del año anterior y se formalizan mediante los Presupuestos del Estado. En casos de prórroga de las cuentas el Gobierno ha recurrido a un acuerdo del Consejo de Ministros, como hizo en 2020, o a un real decreto-ley, que concede más seguridad jurídica.

Así lo hizo el pasado año. Como no se aprobaron la cuentas, eran de aplicación las de 2023. Pero a mediados del ejercicio acordó actualizar las entregas a cuenta, para lo que tomó como referencia el límite de gasto no financiero (conocido como techo de gasto) para 2024, un parámetro exigido por la Ley de Estabilidad para poder elaborar los Presupuestos del Estado. Esto permitió elevar los importes que cada mes se transferían a las comunidades autónomas, aunque esa actualización no se llevó a cabo hasta septiembre.

En 2025 tampoco hay Presupuestos estatales. Por ese motivo, el pasado mes de diciembre el Gobierno incluyó la actualización de las entregas a cuenta en otro real decreto-ley que contenía multitud de medidas de otro tipo. Para ello, empleaba como referencia los índices que se emplearon a mediados de 2024. Pero esa norma fue rechazada en el Congreso de los Diputados por los grupos de la oposición y por tanto no se llegó a aplicar.

Esto impide realizar unas aportaciones que prevén una notable subida respecto a 2024. A mediados del pasado año, cuando se calcularon las entregas a cuenta para 2025, el Ministerio de Hacienda anunció un aumento del 9,5%. En el caso de Extremadura, el incremento era del 8,3%, 321 millones de euros más para la comunidad. La liquidación de 2023, que se cobrará en 2025, es muy inferior a la de 2022, que se ingresó el pasado año. Esto hace que el resultado final sea peor para la región. Pero respecto a las entregas mensuales, la previsión era contar con más dinero.

El real decreto-ley aprobado a finales de diciembre permitía realizar un aumento parcial que no llegaba a lo anunciado el pasado año. Así se comunicó a las comunidades autónomas a principios de enero. Pero como esa norma ha sido rechazada, ni siquiera se ha ejecutado esa mejora, sino que se ha vuelto al escenario anterior. Eso genera un desfase considerable, ya que se está tomando como referencia los ingresos que se produjeron en 2023, sin tener en cuenta ni el aumento de la recaudación del pasado año ni el incremento previsto para 2025.

Basta con comparar el techo de gasto de 2023 con el previsto para este año. Sin contar con los fondos europeos, tan sólo en los recursos de origen nacional la diferencia es de 22.000 millones de euros. Un aumento de ingresos que no está llegando a las comunidades autónomas.

Según expuso la directora general de Financiación Autonómica, tras la comunicación de enero sobre la fallida actualización parcial no se ha recibido ninguna comunicación de Hacienda sobre las entregas a cuenta de este año. Sólo ha llegado la correspondiente a febrero y el resultado no es el esperado. «El Estado ingresa 52,83 millones de euros menos de los que correspondían a Extremadura para la prestación de los servicios públicos de su competencia como consecuencia de la no aprobación, por segundo año consecutivo, de los Presupuestos generales», explicó.

Por tanto, en caso de que la prórroga presupuestaria se mantenga sin cambios, estarían comprometidos 634 millones para el conjunto del año. «La extensión en el tiempo de esta situación podría tener efectos relevantes sobre las finanzas públicas hasta la actualización de las entregas a cuenta», señaló Rosa Ramos, quien reclama la actualización de las transferencias basándose en el techo de gasto aprobado para este año y no en las cifras prorrogadas de 2023 ni tampoco en el límite que se fijó para 2024. «El impacto ahora mismo es escaso, pero puede llegar a ser significativo y preocupante con el paso del tiempo».

«No existe ninguna justificación para la no actualización de estas partidas esenciales para la financiación de los servicios públicos», insistió la directora general, quien recordó que en 2020, en otro año con doble prórroga presupuestaria, bastó con un acuerdo del Consejo de Ministros.

También considera que el Gobierno podría aprobar un real decreto-ley sólo con la actualización de las entregas a cuenta, o bien haber incluido esta medida en la norma que finalmente se ha convalidado tras el rechazo a la que se aprobó en diciembre. «Realmente lo que se necesita es voluntad para actualizar esos importes», afirmó Ramos, quien considera que el Gobierno central «utiliza esa actualización como una especie de moneda de cambio para intentar obtener tratamientos singulares a determinados territorios en perjuicio de los intereses generales del resto de los ciudadanos».