Extremadura tiene 80 plazas para menores migrantes pero ya acoge a 90

La Consejería de Salud y Servicios Sociales indica que «el número de menores migrantes en Extremadura no es un dato fijo, ya que fluctúa debido a factores como alcanzar la mayoría de edad por parte de algunos de ellos». Pero en la actualidad, la Junta acoge a 90 menores a pesar de que el número de plazas disponibles es de 80 plazas, «lo que supone una ocupación del 112,5%, excediendo significativamente la capacidad establecida».

Los datos facilitados por el departamento que dirige Sara García Espada muestran un aumento constante del número de menores migrantes no acompañados. Si a finales de 2023 eran 55 los acogidos en la red de protección regional, en el arranque de este año el número había crecido hasta los 73, superando ya en un 30% la capacidad de acogida, que disponía de 56 plazas específicas para ellos, según los datos que entonces facilitó la Consejería de Salud.

En la actualidad, aunque se han habilitado más plazas para atender a los menores migrantes, también ha crecido el número de acogidos, de ahí que la ocupación se sitúe en un 112,5 por ciento.

El motivo no es solo que la situación se desbordó en 2024, cuando se batió el récord de llegada de extranjeros sin papeles al país, con casi 60.000 contabilizados hasta el 15 de diciembre y a los que se sumó una nueva oleada de cayucos que llegaron en Navidad a las costas españolas, en especial a las del archipiélago canario. El motivo también es que algunos de los migrantes trasladados desde las islas a la región como mayores de edad no lo son. Por tanto, aunque derivados inicialmente al centro de acogida de Mérida, pasan a estar bajo la tutela de la Junta cuando se confirma que no han alcanzado la mayoría de edad.

En concreto, en los últimos meses, según los datos facilitados por la Consejería de Servicios Sociales también el pasado enero, eran 37 los migrantes traslados a Mérida como mayores de edad que, una vez la Fiscalía de Menores constató que no lo eran, pasaron a la red regional. Tanto a las plazas específicas habilitadas en Extremadura para ellos, como a otros centros o pisos que conforman la red, «dependiendo de sus necesidades particulares relacionadas con la edad, educación u otros factores», aclaró Salud y Servicios Sociales.

Sin embargo, y esta es una de las reivindicaciones que viene haciendo la Junta al Gobierno, la acogida de estos menores que llegan a la región como si no lo fueran no cuenta con la financiación necesaria para cubrir los gastos asociados a su ingreso y atención en los recursos autonómicos, por lo que el Gobierno regional los asume con fondos propios.

Además de más recursos para estos menores, la Junta también viene reclamando al Ejecutivo central que aumente los fondos que transfiere a la comunidad para la acogida y que no se ciñan exclusivamente a un año, puesto que son más en muchos casos los que los menores permanecen en la red regional de protección.

El pacto entre Gobierno y Junts para trasladar a unos 4.400 niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta al resto de España, establece, en base a los criterios de reparto, que serán unos 169 menores migrantes no acompañados los que llegarán a Extremadura.

No son datos definitivos, sino proyecciones calculadas en base a los criterios de reparto –población, dispersión, paro y renta per cápita entre otros– y las cifras de menores y plazas de acogida de cada región de que dispone el Gobierno. De hecho, el real decreto da de plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades actualicen sus números y ajustar en función de los mismos el reparto de menores migrantes.

Por el momento, el Gobierno extremeño ya ha manifestado su rechazo al pacto y también al reparto impuesto si el mismo no viene ligado a más recursos y a una mayor financiación.

El real decreto que plasma el acuerdo entre Gobierno y Junts, que se ha publicado en el BOE y que es de obligado cumplimiento, establece que cualquier comunidad que multiplique por tres su capacidad ordinaria para atender a esos menores podrá declararse en estado de 'contingencia migratoria', lo que supondrá que algunos de sus acogidos serán derivados a otras regiones, y también recoge un Fondo de sobreocupación de 100 millones de euros para el año 2025, que se repartirá entre las comunidades que reciban menores en acogida llegados de otras zonas, que superen su capacidad ordinaria y que tengan un número de plazas superior a la media estatal por cada 100.000 habitantes.