Extremadura prohíbe el móvil en las aulas, recreo y extraescolares

«Se trata de una decisión consensuada que regulará la Junta porque así se ha pedido de manera unánime», señala la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. «Se prohibirá el uso del teléfono móvil en todos los niveles educativos, en el recreo y en las actividades extraescolares», ha detallado. No obstante, «porque toda ley tiene una excepción, el dispositivo se podrá utilizar en casos puntuales, ante la enfermedad de un alumno por ejemplo o porque así lo requiera algún profesor para alguna actividad», concreta.

La Consejería de Educación ha tomado la decisión tras mantener reuniones con los profesores, los sindicatos docentes, las familias y los alumnos que, de forma general, han reclamado la urgencia de prohibir y regular el uso del móvil tanto en los colegios como en los institutos.

El menor respaldo, como ha reconocido Vaquera, ha llegado por parte de los alumnos. «El teléfono móvil es una herramienta como cualquier otra y queremos poder utilizarla en el aula, porque estamos obligados a adquirir competencias digitales para nuestro desarrollo profesional», ha defendido Fernando Serrano Rabazo, presidente de la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex).

Pero ese uso será solo puntual y con un fin educativo si así lo determina el docente. «Todos los centros están dotados con dispositivos tecnológicos alternativos, como pantallas, tabletas y ordenadores, para que los alumnos aprendan las competencias digitales», garantiza la consejera. Aunque para Fadaex, esos dispositivos alternativos «están en muchos casos obsoletos y deteriorados o son insuficientes».

Más allá de esta discordancia, la decisión adoptada por Educación cuenta con el respaldo de docentes, con los que ya se había reunido la consejera, sindicatos y familias, colectivos con los que este lunes zanjó la consulta.

«Estamos a favor de que se regule en todos los niveles educativos, incluida la FP, y que el móvil solo se pueda usar por problemas médicos puntuales o cuestiones pedagógicas; los docentes necesitan seguridad jurídica», resume Mercedes Barrado de CSIF. Una opinión que respalda igualmente PIDE, central que considera preciso que «si se autoriza su tenencia dentro del centro, deberían habilitarse casilleros para que el alumno pudiera depositar el móvil y recogerlo al salir».

«Estamos a favor de la prohibición en Primaria y una regulación en el resto de etapas, para que el móvil se pueda usar con un fin pedagógico», explica Tatiana Mora, presidenta de la Confederación católica nacional de padres de alumnos (Concapa) en Extremadura.

Una postura en sintonía con el resto de agentes de la comunidad educativa y similar a la defendida por la Federación regional extremeña de asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros públicos (Freampa). La organización lanzó una consulta antes de Navidad y la inmensa mayoría de los participantes se mostraron a favor de regular el uso del móvil en la escuela.

También la ampa de Las Josefinas de Badajoz ha realizado una encuesta interna entre las familias y el resultado ha «sido sorprendente», manifiesta su presidenta, Elena Asensio. «El 91% de los padres quieren una prohibición absoluta del móvil en todas las etapas educativas, aunque hay quienes se escudan en que sus hijos tienen que estar localizados». Un argumento que refutan desde el ampa, pues todos los centros tienen un teléfono de contacto para comunicar cualquier tipo de situación.

En la provincia de Cáceres, Mari Cruz Jarones es docente y presidenta de la ampa del CEIP Brocense de Brozas. «Aquí hay muy pocos alumnos por clase y la mayoría no lleva móvil al colegio». Pero su postura también es tajante. «Las familias apostamos por la prohibición. Pedimos que no se puedan llevar móviles al centro para evitar problemas de convivencia. Si lo llevan, al final no lo apagan, y pueden usarlo de manera inadecuada, incluso en los baños. Son menores y algunos no son responsables. Por tanto, para la convivencia lo óptimo es la prohibición». Desde su punto de vista como docente, señala otro problema que se cierne sobre el profesorado. «Soportamos mucha carga burocrática, y si además tenemos que estar haciendo de policías para evitar que los alumnos usen el móvil en clase, no podemos centrarnos en lo que nos corresponde: enseñar».

Ernesto Vaquera es padre, miembro del ampa del CEIP Enrique Segura Covarsí de Badajoz y docente en un instituto de FP en Montijo. En su caso, mantiene una lucha en casa para mantener a su hija de 10 años alejada de los riesgos asociados a las pantallas. «En quinto y sexto de Primaria algunos niños ya tienen móvil y sabemos que alguna alumna lo ha llevado al centro. Por el mero hecho de poder hacer fotos o vídeos dentro, ya existe un problema. Eso nos complica la situación a los padres que luchamos para que los nuestros no lo tengan porque estamos concienciados de los perjuicios que supone. Ahí empieza el conflicto con ellos, la presión. Comienzan a utilizar TikTok, aplicaciones y redes sociales como Instagram que deberían impedir el acceso a menores. Si hay adultos enganchados, imaginemos un menor...».

Como docente, considera que su profesión está atada de pies y manos en este asunto. «No podemos registrar la mochila a un niño, va en contra de sus derechos; y no tenemos ninguna autoridad, ninguna herramienta, estamos vendidos». Por eso, con la regulación de la consejería, «se tendrá un respaldo legal, porque ahora mismo dependemos de lo que diga el centro, pero si esa norma se recoge en un decreto de la Junta, es un respaldo».

Ernesto reconoce que su percepción de los móviles en el aula cambia en edades más avanzadas. «En clase tengo alumnos de 16, 17 años... e incluso de 40. A veces les pido que usen el móvil para buscar alguna información por no andar encendiendo un ordenador, o utilizamos una aplicación para conectar antenas parabólicas».

Raquel Borrega es otra madre extremeña preocupada por este tema. Tiene tres hijos y es miembro del ampa del colegio Miguel Primo de Rivera, en Alcántara. Su hija mayor estudia en el IES San Pedro de Alcántara de la localidad, y le tiene prohibido acudir al centro con el móvil. «Llevan teléfono algunos niños que son de fuera y, aunque está prohibido encenderlo durante la jornada lectiva, sabemos que algún alumno lo ha utilizado en el recreo o en los cambios de clase». En ese instituto todos los alumnos disponen de ordenador portátil, por lo que la representación de las familias consideran cubiertas las necesidades tecnológicas de la labor docente. Su postura, por tanto, coincide con la mayoría de familias, hay que prohibir los dispositivos.

Paula Ramírez vive en la misma comarca que Raquel. Representa a la ampa del IES San Pedro de Alcántara y también se sienta en el Consejo Escolar. Cree que «no somos conscientes del daño que puede hacer el abuso del móvil hasta que nos pasa en primera persona», en alusión al acoso escolar o el acceso precoz a la pornografía. Por eso, apuesta por la prohibición en los centros educativos y por un uso regulado, que «ayudará a mejorar muchísimos campos en el desarrollo de los menores: mayor concentración, mejor capacidad para relacionarse, empatía...».

Sostiene esta madre que hasta ahora se ha estado haciendo un mal al uso de los móviles en edades muy tempranas. «No ha habido ninguna política de control. El acceso ha sido fácil y libre a todas las páginas, y ahora estamos sufriendo las consecuencias». Acude a la reunión con la consejera en Mérida ha acudido con el propósito de intentar aportar a lo que considera un compromiso necesario por parte de todos: «De padres, de alumnos, de los centros educativos, de la Administración... Debemos actuar todos unidos, porque ahora nos estamos dando cuenta los padres de que tenemos un problema porque nuestros hijos están todo el día pegados a las pantallas».