«En Extremadura no hay seguridad jurídica para invertir», lamenta el promotor de Isla Valdecañas

Esta opinión está en línea con la expresada en los últimos días por otros actores de esta causa judicial. En similares términos se han manifestado recientemente Luis Díaz-Ambrona, abogado de dos de las tres asociaciones de propietarios del complejo. También políticos de distinto signo han coincido en lamentar el escenario de desconfianza empresarial que la sentencia genera a ojos de las empresas interesadas en invertir en la comuniad autónoma.

En marzo del año 2019, durante un debate en el campus de la Universidad de Extremadura en Cáceres, Gea también hizo hincapié en que su empresa construyó «haciéndolo todo legalmente, teniendo todos los permisos necesarios». Precisamente esta cuestión está recogida en las escrituras que decenas de propietarios firmaron a finales de mayo del año 2011, es decir, dos meses y medio después de la primera sentencia del TSJEx que declaró ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional que permitió construir el resort) y ordenó la restitución de los terrenos a su estado anterior.

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En esas escrituras, la promotora de Marina Isla Valdecañas se comprometió por escrito con buena parte de los propietarios de chalés a recomprarles su vivienda al mismo precio que pagaron por ella si se llega a ejecutar el derribo por orden judicial. Recogen también otras obligaciones que la empresa contrae con los compradores, como pagarles las cuotas de la comunidad durante los cuatro años siguientes a la firma, hacerse cargo de todos los gastos judiciales incluidos los de notaría y contratar un seguro con una prima por derribo de la vivienda de al menos 350.000 euros por inmueble. Otra cláusula les cede los derechos de posibles reclamaciones patrimoniales frente a la Junta y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

La promotora ofreció esas condiciones a petición de los abogados de varios compradores, que al conocer esa primera sentencia condenatoria del TSJEx exigieron garantías para sus clientes. Todos ellos habían firmado previamente contratos privados de compraventa de sus viviendas, la mayoría en los años 2009 y 2010. Cuando estaba previsto elevarlos a escritura pública se conoció ese fallo de la Sala de lo contencioso-administrativo que aconsejó a unos y otros, promotora y compradores, cambiar algunos términos de sus acuerdos.

Además de esas garantías, Marina Isla Valdecañas hizo constar en esas escrituras que la Junta de Extremadura le había remitido un documento firmado por el entonces Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que declaraba que las obras eran legales y podían seguir sin «ninguna limitación legal». Las escrituras informan también de que la Asamblea de Extremadura había cambiado un artículo de la Ley regional del suelo de tal modo que se permitía legalizar el proyecto. Esta modificación es la que el Tribunal Constitucional anuló a finales del año 2019.