Isla Valdecañas firmó en las escrituras recomprar los chalés al precio pagado si hay derribo

Esas escrituras recogen también otras obligaciones que la empresa contrae con los compradores, como pagarles las cuotas de la comunidad durante los cuatro años siguientes a la firma, hacerse cargo de todos los gastos judiciales incluidos los de notaría y contratar un seguro con una prima por derribo de la vivienda de al menos 350.000 euros por inmueble. Otra cláusula les cede los derechos de posibles reclamaciones patrimoniales frente a la Junta y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

La promotora ofreció esas condiciones a petición de los abogados de varios compradores, que al conocer esa primera sentencia condenatoria del TSJEx exigieron garantías para sus clientes. Todos ellos habían firmado previamente contratos privados de compraventa de sus viviendas, la mayoría en los años 2009 y 2010. Cuando estaba previsto elevarlos a escritura pública se conoció ese fallo de la Sala de lo contencioso-administrativo que aconsejó a unos y otros, promotora y compradores, cambiar algunos términos de sus acuerdos.

Además de esas garantías, Marina Isla Valdecañas hizo constar en esas escrituras que la Junta de Extremadura le había remitido un documento firmado por el entonces director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que declaraba que las obras eran legales y podían seguir sin «ninguna limitación legal». Las escrituras informan también de que la Asamblea de Extremadura había cambiado un artículo de la Ley regional del suelo de tal modo que se permitía legalizar el proyecto. Esta modificación es la que el Tribunal Constitucional anuló a finales del año 2019.

En definitiva, se redactaron unas escrituras que hacen expresa mención al contexto jurídico que envuelve a las viviendas, ya con una sentencia en contra. Y que detallan las garantías que la promotora asume para contrarrestar la incertidumbre o desconfianza que pudieran tener quienes ya habían rubricado un acuerdo de compraventa.

Para poder cumplir con el compromiso de recompra de las viviendas, la empresa, que no dispone de esa cantidad porque está en concurso de acreedores, cuenta con ganar en los tribunales la reclamación patrimonial en la que pide a la Junta de Extremadura 192 millones de euros. La empresa la presentó en el año 2015, y el Gobierno regional acordó no tramitarla mientras la causa judicial estuviera abierta.

Pero el escenario cambió este martes, con la publicación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia en la que argumenta por qué ha decidido que el resort debe ser demolido entero y no solo en parte como ordenó el TSJEx hace dos años. Conocido este texto, la promotora tiene vía libre para presentar un recurso pidiendo que sea tramitada esa solicitud de indemnización que lleva siete años suspendida.

Esa reclamación de 192 millones es una de las tres que la promotora ha presentado ante el Ejecutivo autonómico, y que suman 215 millones de euros. En las otras dos pide 18 millones por el campo de golf y 5,5 por no haber podido construir el segundo hotel del resort. Esta última es la única que está resuelta, aunque no de modo firme.

El pasado octubre, el TSJEx estimó parcialmente un recurso presentado por la promotora. La Sala de lo Contencioso-Administrativo le dijo a la Junta que no había razón para mantener dormida esa reclamación patrimonial cuando ya se había sentenciado que ese hotel no se podía construir. Pero al mismo tiempo, determinó que la promotora no tiene derecho a percibir los 5,5 millones que reclamaba, porque según la Sala, no podía ignorar que los terrenos sobre los que pretendía levantar ese alojamiento eran ilegales, por mucho que la Junta de Extremadura le hubiera dicho lo contrario.

Eran y siguen siendo no urbanizables, concluye el TSJEx, que con estos argumentos eximió a la Junta de pagar los 5,5 millones que le pedía la promotora, que tiene este asunto recurrido ante el Supremo.

Está por ver si los argumentos que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura utilizó para desestimar indemnización alguna por el segundo hotel valen también para el campo de golf y para los chalés, cuyos propietarios presumiblemente también reclamarán indemnización a la Junta. Algunos, de hecho, ya lo han hecho. Desde la promotora indican que están en sintonía con los dueños de viviendas en el resort, con quienes mantienen una relación fluida y cordial.