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Algo más de once millones de euros recaudó Extremadura por el impuesto sobre el patrimonio en el año 2008. Una cuantía que se ... redujo con fuerza en los momentos más duros de la crisis económica –hasta quedar por debajo de los tres millones y medio– para remontar hasta rozar los ocho millones de euros en 2022. En esas fluctuaciones, la región siguió las tendencias nacionales aunque siempre representó menos de un 1% de la recaudación conjunta de todas las comunidades autónomas.
Ahora, Extremadura se ha quedado como la única región en la que el impuesto sobre el patrimonio está bonificado al 100%. Lo que en la práctica supone que no se pague.
Sí hay comunidades y provincias que bonifican hasta ciertas cantidades. En los ejemplos del Panorama de Fiscalidad Autonómica y Foral del Consejo General de Economistas de España, se expone que los contribuyentes con un patrimonio de 800.000 euros, en el que no se tiene en cuenta los 300.000 euros exentos por la vivienda habitual, no tributarían en Andalucía, Madrid, La Rioja, Bizkaia y Álava.
Sin embargo, con un patrimonio de cuatro millones se pagaría en todos los territorios excepto en Extremadura. «Las comunidades autónomas que bonificaban el impuesto a sus ciudadanos han desactivado la misma para que la recaudación quede en su territorio», explican desde el Consejo General de Economistas de España, que citan a Andalucía, Madrid, Galicia y La Rioja como las comunidades que establecen una regulación específica para que el impuesto repercuta en las arcas regionales.
También está Extremadura entre las comunidades que más bonifica el impuesto de sucesiones, pero es la que más grava las donaciones en efectivo de padres a hijos.
Por su parte en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los extremeños deben hacer frente a pagos que están ligeramente por encima de la media nacional en todos los tramos, especialmente en las operaciones de valor más elevado.
Ante esta gran variedad de situaciones a lo largo del territorio español, Valentín Pich, presidente de Consejo General de Economistas, señaló en la presentación del informe que «deberían plantearse las figuras patrimoniales actualizando su normativa y estableciendo máximos y mínimos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones».
En esa misma línea, Pich detalló que «parece existir un acuerdo general de que el sistema de financiación autonómica está agotado y de que la actual situación solo provoca tensiones institucionales innecesarias». Por esto mismo, aprovechó el acto el presidente de los economistas españoles para para reclamar una reforma urgente que sirva para evitar las diferencias entre las comunidades autónomas.
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