Vincular el servicio de medicamentos a las residencias de mayores con la farmacia local. Este es el objetivo del decreto en el que comenzó a trabajarse la legislatura pasada, pero que finalmente no salió adelante y que los colegios farmacéuticos de Extremadura buscan que ... sea una realidad en la actual.
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«Es necesario que se regule la compra de medicamentos por parte de los centros sociosanitarios de la región, como ocurre en buena parte de las comunidades autónomas ya», señala Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.
Hasta el momento, las residencias de mayores adquieren los medicamentos que necesitan en la oficina de farmacia que eligen de manera voluntaria, «aunque esa botica esté a 100 kilómetros de distancia de la residencia, pese a no ubicarse siquiera en la misma área sanitaria», aclara Cecilio Venegas.
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Los colegios extremeños creen que se trata de «una situación anómala» que debe corregirse para garantizar toda la trazabilidad del medicamento, «los requisitos de calidad, seguridad y eficacia», y especialmente para dotar de transparencia una compra que se lleva a cabo con dinero público.
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«Por eso la regulación que pretendemos tiene que abarcar tanto a las residencias de mayores públicas como privadas», aclara Venegas. «Porque en unas y en otras el medicamento es una prestación pública, porque en unas y en otras la adquisición de esos fármacos se hace a través de las recetas del SES».
El objetivo del decreto que los colegios de farmacéuticos esperan que vea la luz en un corto plazo de tiempo regulará, atendiendo a un criterio de territorialidad, en qué oficinas de farmacia las residencias de mayores deben comprar los medicamentos. En concreto, los centros sociosanitarios con menos de 100 camas. «Los que superen este número deben tener servicio propio o abastecimiento desde los hospitales, pero por debajo de esa cifra las oficinas de farmacia comunitarias tenemos capacidad para el suministro».
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Para una dispensación que los colegios quieren que se lleve a cabo por parte de las farmacias ubicadas en la misma localidad que la residencia siempre que sea posible o en la misma área sanitaria. Y en aquellas localidades que cuenten con más de una oficina, como es el caso de los núcleos urbanos, «queremos que haya rotación». Esto es, detalla Venegas, «que todas las farmacias de una misma población que estén interesadas en suministrar los medicamentos a las residencias puedan participar, de forma que haya turnos rotatorios cada tres o seis meses». Desde el punto de vista del presidente de los farmacéuticos pacenses, «es una manera de que todas se sientan comprometidas con la asistencia y de que los medicamentos no salgan de las áreas de salud ni de las localidades».
La propuesta impulsará de manera notable la transparencia en la adquisición de fármacos con recursos públicos y supondrá también un balón de oxígeno para las oficinas rurales. «Este también es el objetivo de la regulación que pretendemos», reconoce Venegas. «No puede ser que centros sociosanitarios de pequeñas poblaciones estén siendo servidos a distancia por farmacias que no son ni de su zona de salud y algunas sitas a muchísimos kilómetros de distancia, y que después lleven los fármacos caducados al punto Sigre del pueblo», insiste.
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Establecer por eso la obligación de que las residencias de mayores adquieran los fármacos que precisan en la botica del pueblo o en la localidad más cercana puede ayudar a paliar la situación precaria que atraviesan las llamadas farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida).
En Extremadura hay 32 catalogadas de este modo, porque sobreviven con dificultades económicas, y su situación se ha agravado en el último año. Algunas, de hecho, corren el riesgo de desaparecer ante la caída de la población, la subida de los costes y la bajada del precio de los medicamentos.
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La peor situación la presenta el territorio cacereño. De hecho, 30 de ellas se encuentran en esa provincia, que está entre las diez de España con más problemas para que sus farmacias lleguen a fin de mes. La mayoría de estas boticas están en pueblos de menos de 500 habitantes y los titulares de algunas de ellas ya se están organizando con reuniones y un grupo de mensajería instantánea para visibilidad el problema al que se enfrentan.
«Consideramos que la compra regulada de medicamentos por parte de las residencias de mayores puede ayudar a estas farmacias, garantizando transparencia, trazabilidad y equidad», resume Cecilio Venegas. «No debemos olvidar que la farmacia rural contribuye al reto demográfico; los núcleos que disponen de ella pierden menos población y se genera más empleo».
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