La Fiscalía pide tres años de cárcel para el administrador de Ruiz-Mateos en Carcesa

La Fiscalía de Mérida solicita una pena de tres años y cuatro meses de prisión por un presunto delito contra la hacienda pública para Zoilo Pazos Jiménez, administrador de Carcesa durante la etapa en la que esta empresa extremeña estuvo en manos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos.

Tras la acusación, ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral, pero fue recurrido por Pazos porque planteaba medidas cautelares en su contra. Por ese motivo, aún no hay fecha para la vista.

Los hechos se remontan a diciembre de 2008, cuando Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos y persona de confianza de la familia, actuaba como administrador de Carcesa.

La Fiscalía señala que la empresa emeritense vendió a Duton Invest and Trade, una compañía radicada en Belice, 10.000 participaciones de Consiber. Esta firma no tenía actividad real y solo tenía razón de ser como propietaria de las marcas Apis y Fruco.

Esta venta se produjo el 7 de diciembre de 2008. Pero la acusación pública apunta que solo cuatro días antes Carcesa había comprado las marcas a Consiber, con lo cual esta última empresa carecía de valor real.

Pese a ello, se vendió a Duton con un pagaré aplazado al 30 de junio de 2009. Sin embargo, la Agencia Tributaria comprobó que Carcesa nunca llegó a formalizar el cobro ni tampoco reclamó el pago. De hecho, en 2012 Pazos aún figuraba como autorizado en una cuenta de Consiber.

Para la Fiscalía, se trató de una venta ficticia que tenía como fin último fingir una pérdida de patrimonio de Carcesa con el objetivo de reducir la base imponible del impuesto de sociedades del año 2008, lo que permitió eludir el pago de cerca de 960.000 euros.

Este caso supone una minucia en comparación con el procedimiento que sigue abierto en la Audiencia Nacional por la emisión de pagarés corporativos del grupo Nueva Rumasa, del que forman parte como investigados Zoilo Pazos y varios miembros de la familia Ruiz-Mateos, entre otras personas.

Según la investigación judicial, el grupo captó más de 337 millones de euros de 4.110 inversores atraídos por una supuesta rentabilidad. Carcesa logró cerca de 74 millones en 2009. Con los intereses, había que devolver 81 millones, pero se dejaron sin pagar más de 20 millones.

Carcesa entró en concurso de acreedores en 2011. Los administradores concursales estiman que la familia Ruiz-Mateos retiró más de 60 millones de sus cuentas. Se estima que la mayor parte, 54 millones, se hizo en efectivo y en cientos de operaciones de menos de 100.000 euros.