El Gobierno inicia la compensación a las eléctricas por tributos regionales

El Gobierno inicia los trámites para compensar a las compañías eléctricas por los tributos autonómicos que abonaron en el año 2013. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden del Ministerio de Energía por la que se regula el procedimiento de obtención de información que permita calcular cuánto dinero hay que devolver a través de la factura a los usuarios.

Las empresas disponen de un plazo de tres meses para obtener de la Junta de Extremadura los certificados que acrediten lo que pagaron por tributos regionales durante 2013. El más importante es el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, conocido como ecotasa, pero el Gobierno también incluye el canon del agua y el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.

Una vez recibida la información, por orden del ministro de Energía se fijarán los valores de los suplementos territoriales para cada una de las comunidades autónomas. Asimismo, se establecerá el procedimiento de liquidación a las eléctricas y cómo se debe refacturar a los consumidores afectados.

Esta medida se lleva a cabo para cumplir con una disposición que se introdujo en la Ley del Sector Eléctrico en el año 1997. Para adaptarse a la normativa comunitaria entonces se estableció que en el caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas con tributos propios de las comunidades autónomas o recargos sobre impuestos estatales se podría incluir un suplemento territorial que abonarían los consumidores de esas regiones para cubrir el sobrecoste producido a las compañías.

En 2012, en el marco de las medidas para compensar el déficit de las eléctricas, ese suplemento opcional se convirtió en obligatorio. Pero el Gobierno no incluyó estos conceptos en las dos órdenes por las que se fijaron los peajes de acceso para el año 2013. Ante las dificultades para aplicar a estos complementos, a finales de ese año se volvió a cambiar la ley para eliminar estos pagos adicionales en factura.

De ese modo, los suplementos territoriales estuvieron en vigor cerca de un año, pero no se llegaron a exigir. Las eléctricas recurrieron la decisión del Gobierno de no cobrar por este concepto. El Tribunal Supremo les dio la razón en dos sentencias de 2014 y 2016 y condenó al Gobierno a establecer los complementos y recalcular los peajes de acceso de 2013. Pero la ejecución de estos fallos presentó nuevos problemas, ya que no es fácil distinguir qué impuestos son los afectados ni tampoco qué cantidades hay que devolver a las compañías.

Ante los apercibimientos del Supremo, el Gobierno alegó que sólo contaba con datos de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, por lo que publicó una orden que sólo afectaba a estas regiones por un importe total de 16,4 millones de euros. El tribunal lo consideró insuficiente y pidió que sus sentencias se cumplieran, motivo por el que el Gobierno extiende ahora la medida a las comunidades que no han aportado información sobre cuánto ingresaron de las eléctricas por tributos propios.

La orden publicada ayer afecta a Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Canarias, La Rioja y Asturias. Pero en el anexo, en el que se recogen las figuras tributarias que se emplearán para determinar los suplementos territoriales, aparecen gravámenes de las diecisiete comunidades autónomas.

La orden publicada ayer, de la que ya informó HOY el pasado mes de julio cuando se expuso al público, supone por tanto un paso definitivo para el cobro de los suplementos territoriales. Pero la Junta insiste en que no afectará a los usuarios.

El Gobierno regional rechaza la imposición de un suplemento territorial, «ya que la región no tiene un impuesto a las eléctricas». La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, recalca que Extremadura cuenta con un impuesto que grava las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Asimismo, señala que la ley autonómica que regula este impuesto establece que nunca se podrá repercutir en los ciudadanos. «Por tanto, esta cuestión no se va a ver reflejada en el coste del recibo de la luz que pagan los extremeños», insiste la Administración regional.

En cualquier caso, añade que la Junta va a remitir «toda la información que le ha solicitado el Ministerio de Energía», que en su opinión ha publicado la orden que regula el cálculo de los suplementos para ejecutar las sentencias del Supremo.

Hacienda añade que la orden aún tiene que ser analizada por los servicios de la comunidad (Abogacía, Intervención y Dirección General de Tributos), «por lo que aún no se ha adoptado ninguna decisión» sobre si se aportará o se negará a las eléctricas la información que ahora deben solicitar a la Junta.