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¿Quién está detrás de las 13 marcas de aceite de oliva que han inmovilizado las autoridades sanitarias extremeñas y andaluzas? Esa es la pregunta ... a la que tratan de dar respuesta los investigadores de la Guardia Civil desde que el Servicio Extremeño de Salud (SES) informara el pasado 9 de marzo de la inmovilización de 10.000 litros de aceite de oliva etiquetados de forma incorrecta.
Quince días después, aquella primera alerta se ha ido ampliando y ya son 13 las marcas bajo sospecha. A ello se une la certeza de que en al menos dos de las muestras analizadas se ha detectado la presencia de aceite lampante, cuya venta está prohibida para consumo alimentario.
En estos momentos la cantidad inmovilizada puede rondar los 20.000 litros y desde los servicios sanitarios se pide a todas las empresas o particulares que posean aceite de esas marcas que se pongan en contacto con el centro de salud más cercano para informar de su existencia y facilitar la investigación.
Esos avisos ciudadanos pretenden evitar que el aceite siga vendiéndose y consumiéndose. Pero de forma paralela el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha comenzado a interrogar a personas que pueden aportar información relevante en esta causa.
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Desde la Delegación del Gobierno en Extremadura se confirma que la investigación está en marcha. Otras fuentes consultadas por HOY añaden que en estos momentos hay varios equipos de agentes del Seprona que están tomando testimonio a personas que pueden aportar información relevante para este caso.
En esas pesquisas trabajan el Seprona de Badajoz, el Seprona de Sevilla y especialistas de otras comandancias andaluzas en las que el sector del aceite tiene una fuerte presencia.
De las primeras investigaciones se deduce que las 13 marcas investigadas no proceden de plantas radicadas en Extremadura sino de envasadoras que se encuentran fuera de la región. Una de ellas podría estar en la provincia de Sevilla –en un primer momento se ubicó en Alcalá de Guadaira– pero no se descarta que pueda haber otras plantas que hayan envasado este aceite.
En todo caso, las investigaciones van más allá de las envasadoras. También tratan de averiguar qué implicación pueden tener las distribuidoras del aceite intervenido, algunas de ellas con domicilio social en la provincia de Badajoz. La recogida de datos que se está realizando trata de determinar si fueron esos distribuidores los que crearon las marcas y después pidieron a las envasadoras que les suministraran el producto perfectamente envasado, etiquetado y listo para la venta.
En ese caso, la investigación debe determinar si los distribuidores conocían el origen fraudulento del aceite o, por el contrario, pensaban que estaban comprando aceite de oliva de calidad extra.
Esa circunstancias será una de las que se diluciden si estos hechos terminan siendo vistos en un juicio. En ese momento será determinante saber si los distribuidores de aceite compraban a la envasadora a un precio razonable o, por el contrario, pagaban muy por debajo del precio de mercado.
Todavía ayer una de las marcas retiradas publicitaba en Internet su garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra a 16 euros mientras que la caja con tres garrafas se ofrecía por 46,5 euros (3,1 euros el litro).
Las marcas intervenidas son Los Milagros, Almazara Fernández, Vareado, La Esmeralda, Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz.
Grandes supermercados, gasolineras, pequeñas tiendas de alimentación e incluso mercadillos han sido algunos de los lugares en los que este aceite ha sido puesto a la venta. Los investigadores de la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada con los técnicos de la Junta de Extremadura, deberán determinar si los hechos suponen un delito contra salud pública y si constituyen un fraude, en cuyo caso los hechos serán judicializados y podrían desembocar en la detención o en la investigación de sus supuestos autores.
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