La huelga indefinida de funcionarios de Justicia arranca con 600 juicios suspendidos en Extremadura

Los primeros paros, de tres horas de duración, comenzaron a realizarse el 17 de abril, una medida de presión que se acentuó el 4 de mayo con la primera jornada de huelga de 24 horas.

Desde entonces los sindicatos han realizado 9 jornadas de paro total que han obligado a suspender en la región 612 juicios y 779 actuaciones judiciales, cifras que se incrementarán en la medida que la huelga se prolongue.

Este lunes ya se produjeron nuevas cancelaciones en todos los juzgados de la región. No hubo suspensiones en las causas relacionadas con menores ni en las que afectan a la violencia de género o a procedimientos en los que hay presos preventivos, pero sí dejaron de celebrarse la mayoría de los juicios económicos o los relativos a cuestiones que no son consideradas urgentes.

Raquel Castro, representante de la Junta de Personal en la provincia de Badajoz, cifró en un 85% el seguimiento en Extremadura. «Nos vemos abocados a esta huelga porque el Ministerio de Justicia no nos ha citado a negociar. Han negociado con los Letrados de la Administración de Justicia, han negociado con los jueces y fiscales, pero a los representantes de los funcionarios judiciales de los cuerpos generales y especiales no nos han llamado».

Castro recordó que la subida salarial que defienden afectaría a 43.000 funcionarios en toda España. «No solo se trata de una reivindicación económica, también pedimos la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa».

Desde el 17 de abril se han suspendido 612 juicios y han quedado paralizadas casi 800 actuaciones. Entre ellas, el desahucio que espera desde el 23 de enero un vecino de Badajoz al que le habían informado de que ese día iba a ser desocupado su piso.

El lanzamiento fue suspendido entonces por la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y desde entonces no ha sido llevado a cabo, por lo que la vivienda sigue ocupada. «Casos como este se están produciendo. Hay fincas rústicas ocupadas con deudas de 7.000 euros pendientes de desahucio, mujeres pendientes de saber cuál es la pensión alimenticia que deben recibir de sus exparejas, trabajadores despedidos pendientes de juicio... Hay despachos de abogados en los que la facturación se ha reducido un 75%», alerta Ildefonso Seller, decano de los abogados de Badajoz. «Es necesario un pacto de Estado que permita solucionar de forma definitiva las carencias que afectan a la Justicia», dice.

Quienes no harán huelga en la región serán los jueces y fiscales, que han renunciado al paro después de que el Ministerio de Justicia haya ofrecido para estos dos colectivos una subida salarial que será firmada este martes en Madrid.