La Iglesia admite tener a su nombre en Extremadura 67 inmuebles que no son suyos

Durante ese periodo, una reforma legal impulsada por José María Aznar autorizó a la Iglesia a poner a su nombre cualquier propiedad con el único requisito de una certificación eclesiástica, o sea, la firma del obispo. Hasta 1998, esto solo se podía hacer con los lugares de culto. La recopilación que el Gobierno hizo hace un año perseguía revisar la titularidad de todos los bienes inmatriculados durante esos 17 años. La elaboró basándose en la información remitida por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, e incluía casi 35.000 inmuebles, 982 de ellos en la región.

Tras remitir todos los datos a las diócesis y rastrear entre la información disponible, la autoridad eclesiástica concluye que hay 965 bienes que no son suyos o no saben a quién pertenecen. De ellos, 67 están en Extremadura, según recoge la investigación presentada este lunes con motivo de la reunión entre Pedro Sánchez y Juan José Omella, presidentes del Gobierno y la Conferencia Episcopal Española, respectivamente.

La respuesta a la pregunta de por qué la Iglesia tiene a su nombre en la comunidad 67 bienes que no son suyos no tiene una única respuesta. En el caso de 29 de ellos, la razón es que «resultan desconocidos para las diócesis porque falta información sobre ellos», explica la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Estos 29 son propiedades de la diócesis de Plasencia. Con una particularidad más: 24 están en el mismo pueblo, Serradilla. Son diez fincas urbanas, nueve rústicas, tres ermitas, una iglesia y un solar. Los otros cinco hasta completar este primer motivo son un templo en Segura de Toro y un terreno y tres iglesias en Cabañas del Castillo.

En segundo lugar, hay 20 bienes «que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados o expropiados, o por pertenecer a ayuntamientos o por error al inscribirlos», explica la propia autoridad eclesiástica. En este epígrafe entran once lugares de culto, ubicados en Badajoz –no se detalla el nombre–, Campanario, Montemolín, Puebla del Maestre, Solana de los Barros, Villanueva de la Serena y Granadilla.

Este último caso resulta paradójico, ya que se trata del pueblo desalojado en los años sesenta para poder abrir el pantano de Gabriel y Galán. El municipio finalmente no resultó inundado, de hecho está abierto y funciona como un museo, con horario de visita. La diócesis de Coria-Cáceres inmatriculó entre 1998 y 2015 tres ermitas de Granadilla, pese a que en el pueblo no vive nadie desde los años sesenta y su dueño desde entonces es el Estado.

Un tercer grupo de bienes son aquellos «sobre los que se detectan errores o sobre los que no consta información en las diócesis», explica la CEE. En el caso de Extremadura son una decena. Hay desde una vivienda en Cáceres hasta un edificio en Coria cuyo titular es la Cofradía de las Ánimas Benditas, un colectivo «que no existe a día de hoy», afirma la propia Iglesia. También figuran tres propiedades en Pinofranqueado: dos templos y la torre del campanario.

Hay otro grupo de bienes sobre las que la CEE ha constatado que no fueron inmatriculados y sin embargo, figuran como tales en el listado que hizo el Gobierno hace un año. En la región son cinco, entre ellos la ermita de Santa Lucía en Cáceres. También dos lugares de culto en Valencia de Alcántara, una casa parroquial en Guijo de Galisteo y una cochera en Montánchez.

Por último, hay tres bienes que la Iglesia devolverá al constatar que no le pertenecen a ella, sino «a comunidades u otras entidades religiosas». Son una casa y un corralón en Villagonzalo, y el Monasterio de Santa Clara en Cáceres. Así aparece citado en el listado de la CEE, si bien en esta ciudad no se conoce ningún espacio religioso con ese nombre. Es probable que se refiera al convento de Santa Clara, en la plaza del mismo nombre.

El informe de la Iglesia también recoge casos de propiedades que en el listado del Gobierno figuran por duplicado o que fueron inscritos antes del año 1998, o sea, fuera del periodo a estudio (1998-2015). En estos casos, lo que hace la Conferencia Episcopal Española no es admitir que no son suyos, sino corregir ese listado oficial que inició este proceso hace un año.