Los jueces del caso de los cursos de formación piden cerrar la instrucción

En ese pronunciamiento puede pesar el esfuerzo hecho por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y los fiscales adscritos a la Sección Económica de la Fiscalía de Badajoz para determinar si las 600 actividades investigadas se realizaron y justificaron de forma correcta.

Para esclarecer estos hechos los dos juzgados instructores encargaron a la UCO contactar con los más de 10.000 alumnos que figuraban como inscritos en los cursos bajo sospecha.

También que hablaran con los alrededor de 500 profesores que impartieron esa formación. A todos ellos les preguntaron si los cursos se realizaron tal y como habían sido publicitados, dónde se impartieron las clases, quiénes fueron los profesores y qué materiales se entregaron.

Con esa batería de preguntas buscaban confirmar si las entidades que desarrollaron la formación obraron de forma correcta en todo lo referido a la contratación de profesores, alquiler de locales y compra de materiales. El objetivo era saber si los docentes habían cobrado el dinero que les correspondía, si todos los fondos destinados a contratación de profesores tuvieron ese fin, si se había inflado el coste de los alquileres de las aulas y si las partidas para la compra de materiales se ejecutaron correctamente.

Las organizaciones investigadas por estos hechos son la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), la Confederación Empresarial Cacereña, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba), la Federación Empresarial Placentina, UGT, CC OO, Ifes y Forem. Junto a ellas figuran como investigadas 24 personas relacionadas con estas organizaciones.

Parte del trabajo realizado por la UCO y la Fiscalía ha consistido en cotejar las facturas de justificación presentadas por los sindicatos y las organizaciones empresariales con las declaraciones tributarias de los profesores, las empresas que alquilaron aulas y las firmas que suministraron materiales. El puzzle se ha completado con el informe de la Intervención General de la Junta, un documento referido a los cursos que fue entregado en el juzgado a finales del año pasado.

Las conclusiones de la instrucción no han trascendido pero al inicio de esta causa la Fiscalía indicó que las partidas bajo sospecha sumaban varios millones de euros. En el caso de la Creex se hablaba de 3,8 millones de euros gestionados a través de sus asociadas Coeba, la Federación Empresarial Cacereña y la Federación Empresarial Placentina.

La Fiscalía también encontró indicios defraudatorios en los sindicatos, pero por un importe mucho menor. En el caso de UGT puso la lupa en cursos valorados en 400.000 euros y en lo referido a CC OO el valor de lo investigado ascendía a 311.000 euros.

Las sospechas hacían referencia a cuestiones variadas pero hablaban de que no se respetó la obligación de pedir tres presupuestos antes de adjudicar los cursos, del pago de alquileres por encima del valor de mercado o del desvío de dinero a la contratación de trabajadores sindicales que no tenían relación con los cursos. En ese momento no se hizo referencia a que los responsables de esas organizaciones se hubiesen apropiado del dinero.

De todos estos aspectos han sido preguntados los profesores, los trabajadores de las organizaciones investigadas y también los responsables de esas entidades, que han declarado como investigados en sede judicial para salvaguardar sus derechos. Todo ello ha estado dirigido por dos juzgados pacenses, el de Instrucción número 1 de Badajoz y el de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida.

En el de Badajoz se llevan cuatro piezas que afectan a UGT, Ifes Extremadura, Creex, la Federación Empresarial Cacereña, Fomento Empresa y Calidad, y Federación Empresarial Placentina, mientras que en el Juzgado de Mérida se instruye la pieza que afecta a CC OO y a Forem Extremadura.

El origen de esta investigación está en la denuncia que realizó en 2015 la entonces consejera de Empleo de la Junta de Extremadura, María de los Ángeles Muñoz, quien formaba parte del equipo de Gobierno del Partido Popular. En la denuncia inicial se alertaba de que en un caso se llegó a pagar a los profesores hasta a 820 euros la hora. Entonces era presidente José Antonio Monago, que en sus últimos meses al frente de la Administración regional promovió una causa judicial que, en un primer momento, se centró en cursos impartidos antes de que el PP se hiciese cargo del Gobierno regional. Con posterioridad, el director gerente del Sexpe, Miguel Lozano, amplió las sospechas a los cursos convocados en 2012 pero impartidos en 2013, ya bajo el gobierno popular.

Entre 2015 y 2020 la Junta de Extremadura estuvo personada en la causa como acusación, pero en ese año el Gobierno regional decidió retirarse del proceso, por lo que ahora sólo figura como acusación la Fiscalía Anticorrupción.