La Intervención de la Junta de Extremadura alertó sobre la falta de colaboración de la gerencia del Festival de Mérida y su oposición a aportar documentación de los ejercicios contables 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Esto llevó a informar al Tribunal de Cuentas, que en una evaluación publicada en 2011 constató que la entidad no había rendido cuentas a pesar de que estaba obligada.
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La sección emeritense de la Audiencia Provincial de Badajoz acoge este martes la segunda jornada del juicio por la gestión del Festival de Mérida. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el gerente entre 2006 y 2011, Pedro Salguero, por delitos de malversación, prevaricación y ocultación de documentos públicos.
José Julián Boyero, jefe de servicio de Auditoría de la Consejería de Economía y Hacienda en 2008, ha indicado que ese año se inició un control del consorcio del Festival de Mérida. Su impresión general fue de «total ausencia de documentación real y soportada», así como cualquier tipo de «información real, válida y coherente».
Aunque el Festival de Mérida no formaba entonces parte del sector público autonómico, como ahora, la Junta decidió iniciar una serie de controles para evaluar el uso del dinero público que aportaba como patrono del consorcio. Tanto en 2008 como en años posteriores no se contó con información suficiente, ni en materia de gastos ni de ingresos, como la venta de entradas. Se pudo acceder a los presupuestos, pero no a la liquidación ni a las cuentas anuales, de las que formaba parte el balance y la cuenta de pérdidas.
También ha apuntado que ya en informes de los años 2006 y 2007 se advirtió de que el certamen debía tributar por el impuesto de sociedades. La negativa de la gerencia a hacer esas liquidaciones derivó en una inspección de la Agencia Tributaria.
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Antonio Carande, de la Intervención regional, ha incidido en que la gerencia no facilitaba documentación, lo que impidió el trabajo de ATD, la auditora externa a la que se encomendó el control del Festival de Mérida y otros consorcios y fundaciones participados por la Junta. De hecho, ha afirmado que el patronato emeritense fue la única entidad que no colaboró en los más de 40 informes realizados por esa empresa. Esta falta de información se dio a conocer a sus superiores.
En la misma línea, José María Gredilla, de ATD, ha indicado que la gerencia del Festival de Mérida solo aportó documentación aislada del año 2006 y nada del resto de ejercicios. Esta empresa inició su trabajo en 2008 y se mantuvo hasta 2011. En cada año los auditores volvían a pedir los datos, pero no los recibieron, con lo que no pudieron realizar su trabajo.
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En la sesión de hoy también ha declarado Agustín Sánchez Moruno, secretario general de la Consejería de Cultura en el momento de los hechos. Según ha indicado, no fue quien contactó con Pedro Salguero para ofrecerle que se hiciera cargo del Festival de Mérida, como dijo ayer el exgerente.
Sánchez Moruno ha afirmado que la gerencia presentaba al Consejo Rector los presupuestos y las liquidaciones, lo que a su juicio constituían las cuentas del Festival de Mérida. Asimismo, ha asegurado que no tuvo conocimientos de los informes de Intervención hasta 2011 y que actuó como mediador para tratar de rebajar la tensión con la gerencia.
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«No teníamos ninguna sospecha de irregularidades», ha indicado. De hecho, ha recalcado que en 2010 se felicitó al gerente por reducir el déficit del Festival de Mérida.
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