Un magistrado extremeño firma la demolición completa de Valdecañas

El extremeño Wenceslao Olea Godoy (Valle de la Serena, 1955) ya tuvo que pronunciarse antes sobre Marina Isla de Valdecañas cuando era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De hecho, en 2011 él firmó la primera sentencia que declaró ilegal el decreto de la Junta que en 2007 aprobó el PIR (Plan de Interés Regional) y ordenó que los terrenos del resort fueran devueltos al estado previo a la construcción. En este caso el asunto a debate era distinto, puesto que se ha centrado en la posibilidad o no del derribo total de la urbanización.

Olea Godoy ingresó en la carrera judicial en 1984. Inició su carrera judicial en Navalmoral de la Mata y pasó luego por los juzgados de Don Benito y Trujillo. Fue presidente de la sala de lo Contencioso del TSJEx desde 1998 hasta mayo de 2012, cuando fue nombrado magistrado del Supremo.

Además de Valdecañas, durante las dos décadas que residió en Cáceres tuvo que afrontar asuntos tan conflictivos como el de las emisiones de Canal Sur Extremadura, en el que la Productora Extremeña de Televisión, entonces representada por el abogado Tomás de la Quadra Salcedo (exministro de Justicia con Felipe González) llegó a recusarle. También se ocupó de procesos mediáticos como el del Residencial Universidad, una urbanización cacereña de 500 viviendas cuya autorización fue declarada ilegal; y el polémico «cubo» de Biblioteconomía en La Alcazaba de Badajoz, que acabó siendo derribado de forma parcial.

El presidente de la sección quinta es el magistrado Segundo Menéndez Pérez, pero por poco tiempo, porque está previsto que abandone su cargo el 15 de abril, por jubilación. Nacido en 1950, fue el presidente de la Junta Electoral Central que ordenó a los Mossos retirar lazos y esteladas de edificios públicos, el mismo que denunció al presidente catalán, Quim Torra, ante la Fiscalía por desobediencia o llamó la atención a la vicepresidenta Carmen Calvo por usar las redes sociales institucionales. .

Octavio Juan Herrero Pina nació en 1951 y desde septiembre de 2004 es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal. Será el ponente de la sentencia que aún no se ha dado a conocer sobre Valdecañas, de la que solo se sabe el sentido del fallo. Ingresó en la carrera judicial en 1977 y tras ascender a magistrado fue destinado a la Audiencia Provincial de Soria. También ha formado parte de la Audiencia Nacional.

Fernando Román García nació en 1960 en Granada. Inició su carrera judicial en 1987. Entre diciembre de 2011 y septiembre de 2014 fue Secretario de Estado de Justicia con el gobierno de Mariano Rajoy. A lo largo de su carrera ha prestado servicio como juez de distrito en Barcelona, Abogado-Fiscal de la Audiencia Provincial de Tenerife y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hasta que en 1993 accedió por oposición restringida a la condición de magistrado de lo Contencioso-Administrativo, la cual desempeñó en las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y de Castilla y León, así como en la de la Audiencia Nacional. Asimismo, prestó servicios como Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (2002-2003) y como Magistrado Jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (2004-2011). En 2018 fue nombrado Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La única mujer de la sección quinta de la Sala III es Inés Huerta Garicano. Nació en 1951 y desde febrero de 2014 es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1979. Tras su paso por distintos juzgados, ascendió a magistrada en julio de 1991, siendo destinada en el TSJ de Madrid, donde permaneció hasta febrero de 2014, cuando fue nombrada magistrada del Supremo.