Un juez acusa a un funcionario de la Junta de cobrar al menos 66.050 euros en el caso Fitonovo

El magistrado José de la Mata ha concluido la investigación del caso Madeja -también conocido como Fitonovo- y propone sentar en el banquillo a 66 personas, entre ellas al jefe de sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura, José María P.G. El juez detalla en cinco autos el modo de actuación de los acusados, en su mayoría funcionarios y políticos de Andalucía y Canarias.

En lo que se refiere al funcionario de la Junta de Extremadura, el juez detalla en el auto que existen indicios de que algunos de los contratos que el Gobierno regional hizo con Fitonovo entre 2004 y 2012 por un importe de casi un millón de euros (936.106,59 euros) fueron «fraudulentos». A cambio de esas adjudicaciones, el funcionario habría recibido «comisiones ilegales en dinero en metálico procedentes de una supuesta caja B de la sociedad Fitonovo SL», detalla el auto. También habría inflado precios para repartirse el dinero extra con la empresa.

El relato del juez recorre los contratos en los que habría habido fraude. Se cita en primer lugar uno de conservación de márgenes de la zona de Plasencia. Tres técnicos habían dicho que la oferta de Fitonovo era la peor. Sin embargo, el funcionario encausado logra que la Mesa adjudique el contrato a esa empresa. José María P.G. ejercía un «control amplio sobre las certificaciones de las empresas» y se le ha relacionado con el cobro de un 10% del importe de los contratos. También detalla el juez que Fitonovo facturaba por servicios no prestados y en ese caso se repartía el importe al 50% con el acusado.

El auto explica que en los contratos menores el funcionario tenía amplias facultades para determinar a qué empresas invitaba a presentar presupuesto y se ha comprobado que en ocasiones los tres presupuestos preceptivos se le habían mandado desde la misma cuenta de correo electrónico, por lo que la concurrencia era ficticia. El juez estima que queda demostrada así la concertación entre el funcionario y la empresa y cita varios casos en que se da esa situación: contratos en Zafra, y trabajos de desbroces mecánicos y manuales en diversas carreteras de la comunidad.

El juez cree incluso que el funcionario no se limitó a actuar así con Fitonovo, sino que lo hizo con más empresas. Existen además correos electrónicos en los que hay indicaciones de otros imputados de que se pague a este empleado de la Junta hasta 66.050 euros en comisiones ilegales.

El juez relata que Juan Andrés B.F., directivo de Fitonovo SL y su comercial en Extremadura Francisco Javier N.S., habrían pagado comisiones a José María P.G. para la adjudicación de contratos menores y para realizar una facturación superior a lo ejecutado por parte de Fitonovo SL, por importe de 66.050 euros entre febrero de 2006 y finales de enero de 2012. Pero es posible que al solo tener datos de la caja B de Fitonovo hasta agosto de 2012 se hayan realizado pagos posteriormente a esa fecha. El juez también aprecia que la facturación de Fitonovo con la Junta de Extremadura subió a partir de 2006 y cree que el «abultado patrimonio» de que dispone el funcionario supera las comisiones pagadas a través de esa caja B.

«Se han recopilado datos de un abultado patrimonio de José María P.G, existiendo un desequilibrio importante entre los ingresos declarados y los gastos realizados. Este desequilibrio es superior a 400.000 euros, lo que excede en mucho de las comisiones ilegales pagadas por Fitonovo SL, que ascienden a 66.050 euros, lo que pone de manifiesto que posiblemente existían otras comisiones ilegales procedentes de otras sociedades», explica el auto judicial.

A este funcionario el juez le atribuye la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.

En cinco autos separados el juez De la Mata determina que Fitonovo SL creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares y en la que intermediaron funcionarios de la administración pública. Los procesados crearon además una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa, para entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

En otra de las piezas en que se divide la investigación el juez procesa a políticos sevillanos y de Algeciras por contratos fraudulentos en los que también se pagaron diversas comisiones.