Las juezas extremeñas rechazan la 'ley Bolaños': «Es un paso atrás en la lucha contra la violencia»

En un escrito lanzado en las vísperas del 8M y dirigido a la sociedad y al defensor del pueblo, los jueces alertan sobre los perjuicios que a su entender conllevará la reforma judicial: «Es un paso atrás en la lucha contra la violencia de género», resumen, por la sobrecarga que supondrá para unos juzgados que ya están saturados.

Los asuntos de violencia de género que vienen viendo hasta ahora estos juzgados son aquellos en los que la víctima ha tenido o tiene una relación sentimental con su agresor. La nueva ley, por el contrario, traspasa a los juzgados de violencia de género todos los delitos en los que la víctima sea una mujer, con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre las partes.

«Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados», dicen los jueces de violencia, porque se da sin la previa dotación de recursos materiales y personales. «Se trata de una reforma a coste cero que va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%», concretan los jueces.

«Se pretende convencer a la ciudadanía afirmando que, si es necesario, se reconvertirán secciones de instrucción en secciones de violencia sobre la mujer, pero no se dice que el aumento de competencias llegará tres meses antes de la fecha prevista para que entren en funcionamiento las nuevas secciones». Así que «el efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas».

Los jueces también rechazan que otro de los argumentos para el aumento de las competencias sea la experiencia acumulada por los juzgados de violencia desde que arrancaran en 2005. «Porque lo que no se cuenta a la ciudadanía es que en estos casi veinte años se ha aumentado progresivamente y exponencialmente tanto el tipo de delitos de los que aquellos conocen como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de juzgados».

Sin olvidar, añaden, que en la mayoría de los juzgados no exclusivos de violencia «se conoce de dichos asuntos junto con el resto de materias, que van desde un juicio de tráfico hasta una reclamación de cantidad. Y ello sin prestar servicio de guardia, sin poder garantizar a las partes que ese día podrá celebrarse el proceso de divorcio señalado meses antes, porque si se recibe una denuncia con una petición de orden de protección, una medida de alejamiento o, simplemente, un detenido por un acto de violencia de género, todo se paraliza para atender este asunto penal prioritario».

Tampoco convence a los jueces de violencia del país que se les asegure que contarán con más medios para sus nuevas competencias. «En la actualidad ya se trabaja con una absoluta precariedad de medios», dicen. «No se cuenta con los preceptivos equipos de valoración forense, de asesoramiento y asistencia a la víctima, con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control, con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial, sin forense de guardia, sin salas que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad, en muchas ocasiones con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones y sin dotar de sistemas de grabación en los despachos que permitan suplir esas carencias», detallan.

Aseguran que son carencias que se vienen arrastrando desde hace años, «sin que las peticiones de dotación de más medios personales y materiales hayan sido atendidas, pese a que se trata de un problema sobradamente conocido y denunciado».

Por eso, carencias que irán a más con el aumento del 20% de carga adicional que contempla la 'ley Bolaños' para los juzgados de violencia, «que se produce precisamente respecto de unos delitos, contra la libertad sexual y de trata con fines de explotación sexual, en los que el número de asuntos no refleja el tiempo de trabajo y la atención directa y personalizada que exigen».

Los jueces insisten en que más competencias sin medios «supone un desbordamiento de estos órganos judiciales que conllevará indefectiblemente una situación de saturación y colapso de los mismos, y una absoluta imposibilidad material de seguir proporcionando a la víctima un trato adecuado y sosegado que permita un enfoque integral de su situación».

En resumen, «se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género y consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra».