La Junta agilizará las oposiciones para hacer frente a la jubilación del 25% de su plantilla

Como adelantó HOY, un estudio elaborado por la empresa NTT Data para la Junta recoge que el 20% de los empleados de Administración general, 3.200 de unos 16.000, se jubilará antes de 2030. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha elevado ese porcentaje al 25% y ha incluido a todos los ámbitos del sector público autonómico, como sanidad y educación. Eso supondría unas 15.000 personas de 60.000.

«Las jubilaciones nos preocupan y mucho», ha apuntado Manzano, quien ha calificado de alarmante la previsión de empleados que pasarán al retiro de aquí a 2030. Por ese motivo, una de las cuestiones que se pretende llevar a cabo con la reforma de la ley es facilitar el acceso a la función pública. La intención es agilizar los procesos selectivos y la estructura de las oposiciones, aunque sin vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad. El objetivo es aprovechar la presencia de los trabajadores más veteranos para que transfieran sus conocimientos y faciliten el relevo.

Asimismo, para la consejera de Hacienda este reto ofrece «una oportunidad de reestructurar» la plantilla de la Junta y adaptarla al marco tecnológico, académico y laboral actual. Para ello, se pretende conocer cuáles son las necesidades reales y cómo cubrirlas.

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Como ha explicado, la Ley de función pública se aprobó en el año 2015, pero no llegó a desarrollarse en cuestiones como la aprobación de una ley de cuerpos y escalas. Tampoco en los decretos posteriores, de modo que aún se trabaja con reglamentos que datan de los años 90 del pasado siglo.

«Es necesaria una revisión y sobre todo un desarrollo que no ha tenido lugar», ha expuesto Manzano. El objetivo es contar con una Administración regional «más conectada con la realidad, más cercana y que solucione problemas».

Con ese fin, el Gobierno regional ha constituido una comisión de expertos a la que se ha pedido que elabore un informe con las propuestas de modificación en cuestiones como acceso al empleo público, política de retribuciones, provisión de puestos, formación y carrera profesional.

Este grupo de expertos está formado por Carmen Bravo, magistrada de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; Juan José Torres, abogado del Estado actualmente dedicado al sector privado; y Pedro Brufao, profesor doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura.

Manzano ha indicado que a finales de este año se contará con el informe sobre sus propuestas. El siguiente paso será iniciar la reforma de la ley y su desarrollo, para lo que se contará con los grupos parlamentarios y con los representantes de los trabajadores de la Administración regional. Aún no hay plazos para llevar a cabo los cambios, pero el objetivo es que se puedan acometer «cuanto antes» a lo largo de la legislatura.