La Junta todavía aporta el 77% del presupuesto total a la dependencia

Ese recorte de once millones de euros en el gasto regional respecto a 2021 se vio compensado por el mayor esfuerzo realizado por el Gobierno central. Así, la inversión de la Administración General se vio incrementada en más de un 26%, para rozar los 80 millones de euros. Todavía muy lejos queda, por tanto, la paridad entre las aportaciones estatal y regional que recoge la ley de Dependencia.

Y es que, pese a la contracción del presupuesto extremeño, son las arcas públicas de la comunidad las que continúan soportando la mayor parte del peso económico que supone la atención a la dependencia. Más de tres de cada cuatro euros salen todavía de los fondos regionales: en concreto, el 77% del total en el pasado 2022. El Estado, por su parte, aportó el 23% restante.

De hecho, Extremadura es una de las regiones que efectúa una mayor contribución porcentual. La media de las comunidades se queda en el 74%.

Es cierto que en 2021, las tasas eran del 82%, por parte de la comunidad, frente al 18%, nacional. Una evolución que ha llevado a la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a criticar que «nueve gobiernos autonómicos 'hicieron caja' en 2022 con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes».

Es evidente que la inversión extremeña se contrajo en el último año. Lo hizo en once millones de euros. Al revés, la aportación estatal aumentó en cerca de 16,5 millones. De esta forma, la cifra global destinada a la dependencia en Extremadura se incrementó el año pasado en 5,5 millones de euros respecto al cierre de 2021. En total se destinaron más de 351 millones de euros en la región, un 1,6% más que en el ejercicio anterior.

El crecimiento del presupuesto nacional se encuadra dentro del Plan de Choque diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que pretenden destinar a las comunidades autónomas 3.600 millones de euros en tres años para la financiación de la dependencia.

En Extremadura, esa llegada de fondos no ha solucionado todos los problemas de la atención a las personas dependientes: las listas de espera se han incrementado en un 16%, mientras que a nivel nacional se redujeron un 8%, según los datos del Observatorio de la Dependencia.

La consejera de Salud, Sara García Espada, ya reconoció a finales de septiembre, en una comparecencia a petición propia en la comisión de Salud en la Asamblea, que hay más de 5.500 extremeños con la ayuda a la dependencia ya reconocida, pero a la espera de ser atendidos y casi 3.000 más que se encuentran a la espera de una valoración de su situación.

En ese sentido, Extremadura está entre las comunidades que más tarda en resolver las solicitudes de dependencia: en 2022 fueron 381 días de media, según el Observatorio de la Dependencia, cuando la ley marca que no se pueden superar los seis meses.

García Espada indicó en esa misma comparecencia que 1.573 extremeños que ya acreditaban dependencia fallecieron sin ser atendidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

En el apartado positivo, el Observatorio detalla que el Plan de Choque del Gobierno ha incrementado en 1.725 los dependientes atendidos y que ha servido para generar 832 nuevos empleos en la región.

El crecimiento total del presupuesto para dependencia en la región permitió que en 2022 el gasto medio por beneficiario en Extremadura siguiera estando entre los más elevados del país. Exactamente se situó en 11.264 euros por persona, según el Observatorio Estatal de la Dependencia. Una cuantía únicamente superada por los 13.390 euros que percibieron las personas que tienen asignada una ayuda a la dependencia en País Vasco y más de 3.000 euros por encima de la media nacional (8.135 euros).

Igualmente, la región tiene la segunda mejor ratio de España en cuando al gasto autonómico por población. Los más de 272 millones de euros que dedica la Administración extremeña a la dependencia suponen una media de 258 euros por habitante. De nuevo, una cifra solo superada por los 355 euros que se destinan en País Vasco y casi 100 euros más que la media a nivel nacional (161 euros).