La Junta se hace cargo del mayor polvorín extremeño para los incendios forestales

Porque bien lo saben los vecinos, los responsables del plan Infoex y todo el que tiene algo que ver con los montes extremeños: el pinar de Descargamaría es un polvorín. Lleva siéndolo años. Décadas, más bien. Pero desde el pasado día 17 ya lo es algo menos.

Ese día visitó el pueblo (107 habitantes) la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, para firmar un acuerdo que la otra parte llevaba años esperando. Esa otra mitad de la operación es la Asociación de propietarios forestales Valle del Árrago, que agrupa a 120 dueños de terrenos en esa mancha verde enorme y peligrosa. Son hijos, nietos y bisnietos de los hombres y mujeres que en otra época vivieron de ese monte que lleva ya lustros dando muchos más sustos que dinero.

En el año 2016, uno de esos titulares de terrenos se empeñó en hacer algo para intentar evitar lo que todos dan por hecho: que ese monte arderá entero más pronto que tarde. «En la Semana Santa de ese año, convoqué una reunión, a partir de ahí empezamos a movernos, y la firma del otro día es un antes y un después en la historia de nuestra asociación», recapitula Juan Carlos García Delgado, que vive en Santander pero vuelve cada Semana Santa, verano y Navidad a ese monte al que le llevaba su abuelo. Cuando él era un crío, ahí había senderos y ganado, y las colillas se podían tirar al suelo porque caían sobre tierra. Hoy, ese lugar se parece más a una selva impenetrable. Está lleno de maleza, apenas tiene accesos limpios y nadie con la mente sana apagaría en él un cigarrillo. Por eso, él califica como un logro histórico lo del pasado día 17.

Eso tan importante que se rubricó entre frío y viento fue el contrato de gestión forestal del monte protector Valle del Árrago, o sea, el pacto por el que esos 120 propietarios constituidos en asociación le ceden a la Junta de Extremadura la gestión del monte. Ellos siguen siendo los dueños del terreno, y conservan también los aprovechamientos que pudieran obtener (madera, resina, ganadería), pero le encargan a la administración regional que se ocupe de él. Con un objetivo claro: que lo proteja del fuego.

No tienen que pagarle nada a la Consejería, que lo que sí hará a partir de ahora es fiscalizar todo lo que se haga en ese espacio. Y se quedará un 15% de los rendimientos, aunque ese dinero lo reinvertirá en el propio monte.

Todo esto figura negro sobre blanco en ese contrato de gestión forestal, el primero que se firma en la comunidad para un monte protector, una figura medioambiental que está dando sus primeros pasos en Extremadura. La Ley de Montes fija que «podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales privados que cumplan alguna de las condiciones que ese exige para los montes públicos». En la práctica, la norma es laxa y resulta sencillo obtener la catalogación.

El primero que la logró en la región fue este del Valle del Árrago, que la obtuvo en mayo de 2019, cuando solo había uno en España, «uno pequeño en Asturias», concreta García Delgado.

Al monte cacereño se le concedió este título «por cumplir con el objetivo de prevenir incendios forestales en la medida de lo posible, o para intentar minimizar sus efectos sobre el suelo en el caso de que ocurriese alguno». El pasado noviembre se declaró el segundo monte protector extremeño, en Santibáñez el Alto (Sierra de los Ángeles-La Debra, de 598 hectáreas, casi todas de pinos). Y hay tres en trámite (el castañar de Hoyos y dos más pequeños en La Siberia).

El monte protector del Valle del Árrago tiene 1.307 hectáreas, y aunque hay en él encinas y alcornoques, es básicamente un pinar muy tupido, con una densidad (número de árboles por hectárea) bárbara. Es también un espacio mayoritariamente abandonado, sin apenas usos agrícolas o ganaderos más allá de alguna pequeña explotación. Y con un largo historial de incendios.

En 1991 se quemaron en él miles de hectáreas, en un fuego que empezó en Torrecilla de los Ángeles y que arrasó más de siete mil en la zona. En 1998 ardieron más de 1.100. Al verano siguiente, 850. Y antes, en los ochenta, también miles en decenas de fuegos. Sin embargo, el término municipal se salvó del que fundió a negro casi ocho mil hectáreas en la comarca en el verano de 2015. Desde entonces, las llamas han rondado el pinar de Descargamaría varias veces, la última de ellas el pasado agosto.

«En Extremadura hay varios valles con un riesgo extremo similar de sufrir incendios forestales, y uno de ellos es el del Árrago, que además tiene dos singularidades: que incluye a tres pueblos y que en su mayor parte está formado por bosques privados abandonados durante décadas», sitúa Fernando Pulido, profesor en el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de Extremadura y que en los últimos años ha asesorado a la Asociación de propietarios forestales del Valle del Árrago a través del proyecto Mosaico.

«Lo que gana la Junta al firmar este contrato de gestión forestal es poder intervenir en un monte privado, realizando acciones concretas que lo protegerán frente al fuego», resume José Luis del Pozo, jefe del servicio de Ordenación y Gestión Forestal. «A este acuerdo –explica el responsable de la Consejería– se llega porque entendemos que supone un beneficio para toda Extremadura, al tratarse de un monte estratégico, sobre todo por su peligro para los incendios forestales. Porque ocupa un valle repleto de pinar en sus dos laderas y porque es un monte prácticamente abandonado desde hace treinta años».

Lo primero que se hará en él, adelanta Del Pozo, será «bajar la densidad de madera y habilitar accesos que facilitarán el trabajo de los medios de extinción». Ya está redactada y pendiente de contratación la obra 'Tratamientos selvícolas en el monte protector Valle del Árrago en Descargamaría', por 664.842 euros, que la Junta obtendrá de los fondos europeos Next Generation. Este dinero permitirá restaurar ese bosque degradado, aclarando el pinar y mejorando las zonas de alcornoques, encinas y otras frondosas.

«También están listos para licitar –avanza la Consejería– dos aprovechamientos de madera de pino: uno de 10.000 estéreos de madera –metros cúbicos medidos sobre el terreno, al apilarla– en 125 hectáreas y otro de 11.350 estéreos en 142 hectáreas. «Y empezarán –añade– los trámite para contratar un proyecto de ordenación del monte protector».

La ejecución de estas actuaciones «generará empleo, otra de las ventajas de estos contratos de gestión forestal, que solo se firman con montes protectores», apunta José Luis del Pozo, que cree que dentro de diez años, cuando expire el contrato recién firmado, «el monte de Descargamaría no tendrá nada que ver con el de ahora». «Será –opina el jefe de sección– un monte sin apenas madera pequeña, con más aprovechamientos, que reportará más ingresos a sus dueños, mucho más protegido frente a los incendios, y que tendrá zonas de dehesa con encinas y alcornoques».

«El monte protector y el contrato de gestión forestal son modelos que entendemos fundamentales para Extremadura», asegura Del Pozo. Más aún teniendo en cuenta que «en la provincia de Cáceres están varios de los montes proindivisos (de muchos propietarios, con frecuencia buena parte de ellos desconocidos) más extensos de España, que suelen tener problemas de gestión importantes que a menudo derivan en montes abandonados».

El de Descargamaría, de hecho, es un ejemplo ilustrativo de este problema. Cuando la Asociación de propietarios forestales echó a andar, uno de los mayores problemas que encontró fue localizar a los propietarios de fincas. Pero siete años después, el grupo ha conseguido lo que buscaba. «Sabemos que fuegos va a seguir habiendo, pero con el monte limpio, no serán de miles de hectáreas», reflexiona Juan Carlos García Delgado. «Ahora –concluye–, estamos más cerca de poder vivir los veranos en Descargamaría más tranquilos, sin pasarnos el día mirando al horizonte a ver si hay humo».