La Junta de Extremadura recurre a un contrato de emergencia para disponer de plazas para atender a menores no acompañados ante las dificultades para dar asistencia en los recursos de la red autonómica.
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La portavoz regional, Victoria Bazaga, ha explicado que la Consejería de Salud ha dado a conocer al Consejo de Gobierno la tramitación de un contrato de emergencia para disponer de ocho plazas destinadas a menores que llegan a la comunidad.
«En los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de las acogidas de migrantes del centro de atención de emergencias y derivación de Mérida procedentes de otros centros gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», ha señalado Bazaga.
La portavoz de la Junta ha expuesto que los menores de 18 años no acompañados no pueden permanecer en esas instalaciones, sino que tienen que ser derivados a los centros de acogida de la Administración regional.
Asimismo, ha apuntado que la Junta de Extremadura ya ha dado acogida a veinte menores, en su mayoría varones de entre 13 y 18 años. «Esta situación está generando cierta tensión en los recursos del sistema de protección de niños y adolescentes». De ahí que se requiera de forma urgente de nuevos espacios «para poder garantizar su adecuada atención y protección».
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«No nos podemos arriesgar a encontrarnos en situación de falta de disponibilidad de plazas, por eso asumimos esta solución de urgencia», ha añadido. El objetivo es proporcionar «un entorno seguro y digno a los menores que lleguen a la región en situación de vulnerabilidad».
El aumento de las necesidades de acogida en los últimos meses puede ser aún mayor en el futuro. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la comunidad de Canarias para establecer un sistema de distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas para la acogida y atención de menores migrantes no acompañados llegados a las islas, así como a Ceuta y Melilla. El archipiélago tiene actualmente a cargo a más de 5.500 menores no acompañados.
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó al Gobierno canario un texto para la modificación de la Ley sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. Según dijo, si esta propuesta legislativa sale adelante podrían ser distribuidos 2.500 menores que están en las islas en el plazo máximo de un año después de su identificación.
Torres expuso que el límite de la acogida en Canarias se situaría en 3.000 niños, niñas y adolescentes y que, a partir de esa cantidad, los menores que vayan llegando podrán ser distribuidos «de la forma más ágil e inmediata posible y siempre preservando el derecho superior del menor».
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Para ello, se elaboraría en un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley un plan de respuesta con la redistribución territorial de las personas menores de edad migrantes no acompañadas. Tendría carácter obligatorio para las comunidades autónomas y contaría con medidas relativas a financiación.
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