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La Junta de Extremadura destinará a políticas de empleo los dos millones de fondos europeos cuya entrega a la región ha cuestionado la presidenta de ... la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Se trata de dos programas piloto, dotado cada uno de ellos con un millón, cuyo diseño se está realizando conjuntamente con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). «Los proyectos se iniciarán, previsiblemente, en el plazo de un mes», indicaron ayer a este diario desde el Gobierno regional. Uno estará dirigido a jóvenes y otro al «emprendimiento y microempresas».
En realidad, Extremadura ya dispone de 431 millones de fondos europeos de recuperación incorporados a los presupuestos regionales de 2022. Y en la Asamblea de Extremadura se comunicó el pasado septiembre que tras las distintas conferencias sectoriales celebradas, la comunidad ya tiene garantizada la llegada de 636 millones.
A esas cifras hay que sumar los 187 millones que le correspondieron a Extremadura del Fondo React, el más urgente para paliar el impacto de la pandemia en 2020. En ese reparto, a la Comunidad de Madrid le correspondieron 1.284 millones de euros.
Díaz Ayuso cuestiona la entrega a Extremadura de los dos millones citados, que se oficializaron en un real decreto publicado en el BOE el pasado 20 de octubre, y por el que también se conceden subvenciones de tres millones a Navarra, y de dos millones al País Vasco y Comunidad Valenciana.
Madrid censura no tanto la cuantía (muy pequeña como se ve en relación a la proporción de los fondos de recuperación y resiliencia, los 140.000 millones que tiene asignados España, con una primera entrega de 10.000 millones), sino el modo de concesión directa que se habría empleado. Denuncia que ha sido un reparto «arbitrario» y «un agravio comparativo».
A parecida conclusión ya había llegado Galicia. Sin embargo, el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo había realizado una reclamación de carácter interno ante el Gobierno central (a la que la Junta de Extremadura ya ha contestado con argumentos técnicos).
La Administración extremeña defendió ayer la «transparencia» del proceso de distribución de los fondos europeos. «El reparto se adopta en las conferencias sectoriales, en las que se dan a conocer todos los parámetros y condiciones a aplicar según el tipo de proyecto».
Madrid ha argumentado que, efectivamente, ese reparto entre comunidades para actuaciones en el ámbito laboral quedó acordado en agosto, y así se dio a conocer en el BOE del día 24 con una orden ministerial. En ella, las aportaciones a Extremadura suman casi 30 millones, mientras que la comunidad madrileña recibe 62 millones.
Sin embargo, los nueves millones, de los que la región tiene concedidos dos para sus dos proyectos piloto, aparecen dos meses más tarde, en octubre de 2021. La Junta de Extremadura aseguró ayer a este diario que «la selección de estas experiencias piloto se ha hecho teniendo en cuenta la diversidad de entornos productivos en diferentes territorios», y que «una vez evaluados y contrastados se extenderán al conjunto del Estado».
Sobre esta nueva polémica surgida, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, señala que «en las instituciones no estamos para ser estrellas del rock sino para fortalecer la convivencia entre españoles». Guillermo Fernández Vara, además, recordó el miércoles el envío de respiradores a Madrid en lo peor de la pandemia.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, indicó: «A mí me gustaría escuchar si el PP extremeño piensa que Extremadura está siendo favorecida».
A este respecto, el presidente del PP de Badajoz, Manuel Naharro, afirmó ayer que Ayuso «no ha criticado en ningún momento que se favorezcan las ayudas a Extremadura», sino que el mecanismo empleado en el reparto de fondos europeos no ha sido «transparente».
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