La Junta empieza a ejecutar el fallo sobre el derribo parcial de Valdecañas

El Ejecutivo autonómico en funciones ha decidido que sea el propio Consejo de Gobierno de la Junta el órgano encargado de ejecutar los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que en 2011 declararon ilegal el complejo turístico y residencial y que llevaron a decretar su derribo. Doce años después, se dan los primeros pasos de una tramitación que será larga y que además todavía está condicionada por otros procedimientos judiciales y por la reciente aprobación de una ley que vuelve a decretar la legalidad de todo lo construido y finalizado.

Dos sentencias del TSJEx de marzo de 2011 declararon la nulidad del decreto de la Junta por el que se aprobó el proyecto de interés regional promovido por Marina Isla de Valdecañas. Nueve años después, en junio de 2020, el mismo tribunal reconoció la imposibilidad material parcial de ejecutar esos fallos y determinó que sólo había que derribar lo construido a medias. Eso suponía conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones en funcionamiento.

Ecologistas en Acción–CODA interpuso recurso de casación ante el Supremo, que en 2022 falló a su favor y dictaminó que la demolición debía llegar a todo el complejo, tanto a lo que estaba en construcción como a la parte ya terminada y en uso.

La causa volvió entonces al TSJEx, que en marzo del pasado año acordó en un auto dar paso al derribo al completo. Para ello, dio un plazo máximo de ocho meses a la Junta para aprobar un plan de demolición y pidió que se designara un órgano encargado de ejecutar las sentencias.

Esta decisión fue recurrida por la Junta y las empresas Marina Isla de Valdecañas y Golf Valdecañas. Pero el Supremo no ha admitido esos recursos, con lo que el auto del TSJEx del pasado año ha adquirido firmeza.

Como el derribo implica a varias consejerías, el Ejecutivo autonómico ha decidido que sea el propio Consejo de Gobierno el que se encargue de su ejecución.

Para ello, contará con la asistencia de la comisión interdepartamental que ya fue creada en 2020, cuando el TSJEx acordó el derribo parcial, y que está formada por cargos de las consejerías de Agricultura y Transición Ecológica junto con la Abogacía General de la Junta.

La demolición afectará por tanto sólo a la parte no terminada, ya que el conjunto del complejo aún depende del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta contra la sentencia del Supremo que acordó el derribo completo. Además, ahora hay una ley que declara de nuevo la legalidad de lo construido.

De todas formas, para iniciar el derribo aún faltaría diseñar el plan de demolición, elaborar el proyecto y contratar las obras, sin olvidar otros impedimentos que pueden surgir, como por ejemplo los permisos ambientales.