La Junta de Extremadura elaborará los planes de emergencia ante inundaciones de 61 municipios

Este trabajo forma parte de un concurso convocado por la Consejería de Presidencia e Interior de la Junta con una dotación de 726.000 euros y un plazo de ejecución de un año. Entre las poblaciones incluidas figuran Badajoz, Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva de la Serena.

El contrato se divide en ocho lotes, de los cuales cinco se dedican a la elaboración de planes de actuación ante incendios y tres por inundaciones. Según el pliego de condiciones, la Junta pretende dar servicio a aquellos municipios que tengan que elaborar un plan de actuación municipal ante el riesgo de catástrofe.

Los planes de protección civil son los instrumentos de previsión del marco organizativo y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deban intervenir. El concurso señala que tienen que tener carácter dinámico para mantenerse operativos ante posibles cambios, pero al mismo tiempo han de constituir un documento formal, que en su elaboración pasa por distintas fases de obligado cumplimiento para convertirse finalmente en una norma plenamente aplicable.

El Plan especial de protección civil de riesgo de inundaciones de Extremadura (Inuncaex) recoge que los planes de actuación municipal deben prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por inundaciones, así como determinar los elementos vulnerables, especificar los procedimientos de información y alerta a la población, diseñar las medidas de auxilio y socorro de las personas (como el abastecimiento y albergue y la rehabilitación de servicios esenciales) y catalogar los medios necesarios para llevar a cabo las actividades previstas.

El contrato convocado por la Junta consiste en la elaboración de estos planes para los municipios afectados, lo que incluye tanto la redacción del plan en sí mismo como la recopilación de la información y la generación de documentación que permitan su inscripción en el registro autonómico y su traslado para que cada entidad local en cuestión lo someta a su aprobación.

Para ello, deberán disponer de un contenido mínimo en función de distintos tipos de riesgos. En el caso de las inundaciones, se incluye a municipios que presentan riesgo extremo o alto según el Inuncaex, así como aquellos que pueden verse afectados por la rotura de una presa en menos de dos horas. A esto se suman aquellos que presentan un cierto interés por catástrofes ocurridas en los últimos años.

Además de recabar los motivos de riesgo y los datos básicos del municipio, los planes de actuación deberán identificar los denominados puntos críticos. Son aquellos que obstaculizan el paso del agua, o bien en los que probablemente haya desbordamiento o porque pertenecen a vías de comunicación que pueden quedar expuestas ante una inundación. También definirán de manera detallada las zonas del municipio que pueden verse más afectadas.

En materia de organización, establecerá los distintos grupos de trabajo (como el comité asesor y el gabinete de información) e identificará dónde se reunirá el centro coordinador, con su ubicación exacta y accesos. Asimismo, recogerá los datos de los grupos de acción en materia de intervención (salvamento y técnicos de emergencias), seguridad (Policía Local y fuerzas de seguridad), sanidad (centros de salud y 112), apoyo técnico (como Protección Civil y Cruz Roja), logística (con personal de infraestructuras y mantenimiento) y psicosocial (como trabajadores sociales y psicólogos).

Los planes también planificarán una posible evacuación de la población, con puntos de concentración y salida, además de detallar cuáles son los colectivos vulnerables y cómo se difundirán las alertas. Por ejemplo, tendrán que indicar el número de autobuses que se necesitan, las empresas que los aportan, los vehículos que tienen disponibles y a qué distancia se encuentran, los teléfonos móviles de los responsables y el lugar donde establecerían su parada para recibir a los ciudadanos. En consonancia, deben reflejar las zonas de alejamiento y acogida.