La Junta de Extremadura estudia subir los impuestos a las casas de apuestas para atajar su auge

La Junta de Extremadura estudia poner en marcha nuevas medidas de carácter fiscal para combatir la proliferación de casas de apuestas. La reforma se plantea al comprobar que el decreto que se aprobó a comienzos de año para fijar una distancia mínima entre estos locales y los centros educativos no ha dado los resultados esperados.

El presidente la Junta, Guillermo Fernández Vara, mostró ayer su preocupación por la proliferación de las casas de apuestas en la región y, según recoge Efe, anunció la intención de detenerla por vías como la fiscal, a través del aumento de impuestos a esta actividad.

«Fuimos de las primeras comunidades en legislar porque realmente nos preocupa», apuntó. Pero reconoció que hay empresas «que llevaron su solicitud antes de que la ley estuviera aprobada y como la ley no puede ser retorcida nos encontramos con esta realidad».

El Gobierno regional lleva meses trabajando en esta propuesta, que podría pasar tanto por un aumento de las tasas actuales a apuestas (fijadas en un 10% de los ingresos) como en la creación de una nueva figura impositiva. En ambos casos, sería necesario aprobar una ley de medidas tributarias, lo que llevaría varios meses de tramitación.

La intención no es recaudar más, sino que se busca una intención extrafiscal, destinada a prevenir conductas adictivas entre menores de edad y con especial atención a la proliferación de locales en las inmediaciones de colegios e institutos.

Pero el Ejecutivo autonómico conoce la dificultad de crear nuevos impuestos, como sucedió en su día con el gravamen sobre los depósitos bancarios y con la ecotasa. Por ese motivo, cualquier decisión deberá contar con todas las garantías legales, ya que además podría afectar a locales que consiguieron su autorización con un marco normativo distinto. Del mismo modo, se considera fundamental la colaboración del Ministerio de Hacienda.

Además, hay que tener en cuenta que se trata de un sector muy regulado, con exigencias que están por encima de otras comunidades autónomas; y que cuenta con tasas e impuestos que en Extremadura se sitúan en los niveles más altos entre las distintas regiones. Sin olvidar que es una actividad económica que genera riqueza y empleo. De ahí que se esté realizando un estudio en profundidad, a lo que se han acompañado medidas como la creación de un servicio específico de juego en la nueva estructura de la Dirección General de Tributos de la Junta.

Preocupación al alza

Fernández Vara ha dado a conocer esta propuesta en un marco de rechazo creciente a este tipo de locales, con concentraciones y protestas que han tenido lugar en las últimas semanas en distintas localidades de la región.

El grupo parlamentario Unidas por Extremadura ha presentado una propuesta de impulso en la Asamblea en la que plantea suspender las autorizaciones para la apertura de estos establecimientos y elaborar un plan o estrategia específica en Extremadura para la prevención de la ludopatía, con especial incidencia en los sectores más vulnerables. Según los datos recogidos en la propuesta, entre 2016 y 2018 la región ha pasado de 41 a 114 locales de juego. Ante esta iniciativa, el PP plantea elaborar una ley específica que aborde estas cuestiones, mientras que el PSOE sugiere solicitar al Gobierno la convocatoria del Consejo de Políticas del Juego para promover, en un marco de cooperación de todas las comunidades autónomas, el análisis y la adopción de medidas normativas que eviten la aparición de zonas saturadas de establecimientos de juego.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno regional a una pregunta realizada por el Grupo Popular a comienzos de este año, en febrero existían en la región cinco empresas inscritas en el registro de apuestas de la comunidad que operaban más de un centenar de establecimientos en 38 localidades distintas. Solo durante la pasada legislatura, y hasta febrero de este año, se habían autorizado 33 locales específicos de apuestas y 53 salones de juego, en los que también está permitida esta actividad. En ese momento no había ninguna solicitud a la espera de obtener autorización, lo que puede suponer hasta un año de trámites.