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Modificaciones en la amplia normativa que desarrolla la Junta para la gestión de fondos de recuperación por la pandemia. El Ejecutivo autonómico aprueba un decreto ley con cambios que, de forma general, busca dos objetivos: flexibilizar los trámites para, en el caso concreto de empresarios y autónomos, optar a los 60 millones en ayudas dispuestos por la Junta y, de otra parte, agilizar y simplificar la resolución de los expedientes presentados para proyectos que buscan ejecutarse gracias a los fondos covid. De forma concreta, los vinculados con Transición Ecológica, contra el cambio climático, no se acortarán plazos para resolver los trámites de evaluación ambiental pero sí, en palabras de la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, se pretende la agilización de los mismos.
El decreto ley ha sido aprobado esta mañana, en una reunión presencial del Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. Desde el 4 de noviembre del pasado año no se celebraba un consejo con la presencia de todos los consejeros y el presidente en su lugar habitual de encuentro en Presidencia de la Junta en Mérida.
La normativa, muy técnica, aborda las estructuras de gobernanza e instrumentos de gestión pública de los fondos; la transformación digital de la Administración; la flexibilización en materia de contable y la agilización trámites de subvenciones. Uno de los aspectos concretos vincula a los empleados públicos de la Junta. Blanco-Morales ha señalado que recibirán formación para abordar de una manera más rápida la tramitación y resolución de los proyectos presentados.
Otro aspecto a tener en cuenta trata sobre la convocatoria de ayudas directas abierta por el Gobierno regional. Como se ha informado, se han puesto 60 millones de euros para paliar las consecuencias en el comercio, la hostelería, el turismo y otros sectores de la restricciones por la covid-19. Se han recibido en torno a 15.400 solicitudes. La Junta ha decidido ahora que los demandantes de esas ayudas no deban presentar la declaración de estar al corriente de pago con Hacienda y/o Seguridad Social para ganar en rapidez a la hora de resolver las solicitudes.
Como ha matizado la vicepresidenta y consejera de Hacienda, no se trata de que estén exonerados de pagar esas deudas si las tuvieran, sino que no se les obliga a presentar el documento que acredita si las tienen o no. «Esas deudas están ahí y hay que pagarlas», ha recordado, «pero pretendemos que tengan menos trámites que presentar para resolver antes sus solicitudes exonerándolos de presentar la declaración correspondiente». En todo caso, Pilar Blanco-Morales ha afirmado que los empresarios o trabajadores autónomos que tengan deudas tributarias podrán recibir las de la Junta previstas para esos sectores indicados pero, en ese caso, deberán destinar una parte de esa subvención a liquidar sus pagos con Hacienda o Seguridad Social.
De otro lado, la portavoz y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que el Gobierno regional ha aprobado una declaración institución en apoyo a la conmemoración del 8M. «Las razones para conmemorarlo, para reivindicar el papel de las mujeres y los objetivos de igualdad, están más vivos que nunca. No nos van a silenciar, aunque la extrema derecha y algunos más quieran hacerlo aprovechando la situación de la pandemia», ha expresado Rosiña.
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