La Junta llevará al Constitucional la sentencia de Valdecañas

La Junta de Extremadura presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sentencia del Supremo que obliga a la demolición completa del complejo turístico de la Isla de Valdecañas.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el Gobierno regional aún no dispone del fallo y que por tanto no se pueden precisar los argumentos jurídicos que sostendrán el recurso, pero ha dado por hecho que la Junta acudirá al Constitucional. Se atisba por tanto una prolongación del litigio judicial que comenzó en 2007 y que, teniendo en cuenta que hay otros actores implicados, podría incluso llegar a las cortes europeas.

Fernández Vara se ha mostrado respetuoso con el fallo del Supremo y con Ecologistas en Acción, la asociación que ha promovido el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que solo planteó la demolición parcial del complejo. Pero ha apuntado la necesidad de llevar a cabo modificaciones legales para que este tipo de proyectos tengan seguridad jurídica.

De entrada, ha señalado que no se puede combatir la despoblación con limitaciones al desarrollo como la que, a su juicio, supone la Red Natura, que afecta a más del 30% de la superficie extremeña y condiciona un territorio en el que «no se puede construir nada». Como ha indicado, hay localidades sin suelo disponible, mientras que grandes poblaciones como Cáceres tienen la mitad de su término bajo protección. «Tenemos zonas en las que será difícil que podamos hacer nada», ha indicado. En un proceso de revisión que ya está en marcha, la intención de la Junta no es que se elimine esa calificación, pero al menos que se modifique y se estudie qué se puede hacer.

En la misma línea, ha apostado por la modificación de la ley estatal del suelo, de modo que se permita a los órganos ambientales de las comunidades autónomas autorizar ciertos usos compatibles en áreas protegidas.

En cuanto a los costes por el derribo del complejo, que el Tribunal Superior de Justicia valoró en 34 millones de euros más 111 millones por indemnizaciones a los propietarios, Fernández Vara ha afirmado que por el momento no se plantea la responsabilidad patrimonial de la Junta de Extremadura. En tal caso, sería objeto de otro procedimiento.

Tampoco aprecia que haya que pedir responsabilidades políticas. Según ha indicado, el proyecto de Valdecañas se aprobó en 2006 y los mandatarios de entonces, como el expresidente Rodríguez Ibarra, ya no están en cargos públicos. Pero ha recalcado que la política ha permitido sacar adelante cuestiones que también fueron sometidas a litigios judiciales, como la creación de la ecotasa. «Lo cómodo habría sido no hacer nada», ha señalado.

En cualquier caso, el presidente extremeño considera que esta sentencia no tiene el mismo efecto que podría haber alcanzado hace quince años. En aquel momento habría supuesto «un mazazo colectivo irreversible», ha afirmado. Sin embargo, ahora «esto es un traspié, pero no un obstáculo insalvable». Fernández Vara ha indicado que hay multitud de proyectos en marcha, como fábricas de cátodos, baterías, transformadores, cartón y diamantes sintéticos, así como un centro de ocio, el macromatadero del ibérico y más de veinte inversiones hoteleras. También se ha referido a la azucarera de Mérida, que sigue sobre la mesa. «Esto es un mal trago, pero no es el final de esta tierra».

«Voy a intentar seguir salvando el proyecto de Valdecañas, pero de eso no depende el futuro de Extremadura«, ha añadido. De hecho, ha reconocido que la demolición del complejo supondría la destrucción de empleo, pero que en el entorno hay otras actuaciones en marcha, para lo que se trabaja en la ocupación del parque industrial ExpacioNavalmoral.

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