La Junta renuncia a 2 millones al año por eliminar el impuesto a viviendas vacías

En el mismo mes de 2019, en el último pleno de la legislatura, Podemos logró el compromiso del PSOE de crear este impuesto en la región en un plazo de un año y medio, a finales por tanto de 2020. Sin embargo, la posibilidad de que se aprobara un tributo similar de carácter nacional llevó al Gobierno de Fernández Vara a aplazar esa promesa.

Finalmente, en 2022 presentó una reforma de la ley autonómica de vivienda para crear este nuevo tributo, pero una larga tramitación hizo que no se aprobara, una vez más, hasta el último pleno de la legislatura, en marzo de este año.

Este impuesto estaba destinado a los grandes tenedores de viviendas vacías, que la norma definía como las personas jurídicas (y por tanto solo empresas, no particulares) que dispongan de más de cinco viviendas en régimen de propiedad, alquiler o cualquier otro derecho y que las mantengan fuera del mercado durante más de un año.

El cálculo de la cuota se basaba en el número total de metros cuadrados, reducido en 150 en concepto de mínimo exento. La propuesta inicial era que hasta 500 metros cuadrados se pagaría 7,5 euros por metro; hasta 2.000, 11,25 euros por metro cuadrado y hasta 4.000, 15 euros. Los que pasaran de esa cifra deberán liquidar 22,5 euros por metro cuadrado.

La memoria económica que acompañaba al proyecto de ley recogió que en la región hay 850 empresas y sociedades (700 en la provincia de Badajoz y 150 en la de Cáceres) que cuentan con unas 4.000 viviendas vacías. La estimación, con la tarifa indicada, era cobrar unos 4 millones de euros al año.

En la tramitación de la ley el PSOE trató de atraer a la oposición aceptando algunas de sus enmiendas. Entre ellas, accedió a reducir la tarifa a la mitad: 3,75 euros el metro cuadrado en el primer tramo; 5,65 euros en el segundo; 7,50 euros en el tercero y 11,25 en el cuarto. Con esta reducción, y siguiendo lo recogido en la memoria económica, la estimación de ingresos llegaría a 2 millones de euros.

Pero más allá del escaso efecto que este impuesto tendría en la recaudación de las arcas regionales, el planteamiento del Gobierno autonómico era que esas propiedades salieran al mercado de alquiler para contribuir a bajar los precios mediante un aumento de la oferta.

Como recoge la exposición de motivos de la ley aprobada el pasado mes de marzo, «este nuevo tributo pretende que los grandes tenedores de viviendas privados, en cuanto actores clave de un mercado que debe crecer, incluyan dichas viviendas en el mercado para conseguir mayores garantías a los arrendatarios e incrementar la existencia de un parque de vivienda de alquiler a precio asequible».

Es decir, la intención no era tanto incrementar la recaudación como hacer que las empresas propietarias de pisos vacíos optaran por ponerlas en uso, cumpliendo así con lo que se considera el fin social de la vivienda. Un objetivo que ya no se podrá lograr con esta herramienta legal tras su derogación.